Así lo reveló un estudio realizado por el doctor José Caraballo Cueto, catedrático de la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Una investigación reveló que la pobreza constituye el principal factor que incrementa el riesgo de deserción escolar entre estudiantes con discapacidades específicas de aprendizaje, al elevar en 2.5 veces la probabilidad de que abandonen sus estudios.

El estudio fue realizado por el doctor José Caraballo Cueto, catedrático de la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP).

Los hallazgos fueron publicados recientemente en la revista científica Journal of Disability Policy Studies, en el artículo titulado «Is There a Mediating Factor Between Specific Learning Disabilities and School Dropouts?», el cual analiza la interacción entre discapacidad, pobreza y abandono escolar mediante datos individuales del sistema de educación pública de Puerto Rico recopilados entre 2015 y 2021.

La investigación utilizó modelos de regresión logística de panel con efectos aleatorios sobre más de 2.4 millones de observaciones estudiantiles, convirtiéndose en uno de los análisis más amplios realizados sobre este tema en Puerto Rico.

Entre sus principales hallazgos, el estudio demuestra que tener una discapacidad específica de aprendizaje, por sí sola, no incrementa significativamente la probabilidad de abandonar la escuela. Sin embargo, cuando esa condición coincide con la pobreza, el riesgo de deserción aumenta de forma considerable, convirtiéndose en el factor de mayor peso dentro del modelo estadístico.

Asimismo, la investigación encontró que el paso del huracán María y las deficiencias en la respuesta institucional incrementaron en un 85% la probabilidad de abandono escolar durante el año académico posterior al desastre. También identificó que los varones presentan un riesgo 18% mayor de desertar y que cada año adicional de edad aumenta esa probabilidad en un 21%, lo que confirma que los adolescentes constituyen el grupo más vulnerable.

Durante el período analizado, un total de 33,704 estudiantes abandonaron el sistema público de enseñanza, cifra equivalente a la matrícula de aproximadamente 95 escuelas de tamaño promedio.

«Nuestros resultados demuestran que el principal desafío no es la discapacidad de aprendizaje en sí misma, sino las condiciones socioeconómicas que la rodean. Cuando la pobreza se combina con una discapacidad específica de aprendizaje, las oportunidades educativas se reducen significativamente. Si queremos disminuir la deserción escolar, las políticas públicas deben atender simultáneamente la desigualdad económica y fortalecer los apoyos educativos para estos estudiantes», expresó el Dr. José Caraballo-Cueto.

El estudio destaca que Puerto Rico constituye un escenario particularmente relevante para analizar este fenómeno debido a sus altos niveles de pobreza y a los efectos acumulativos de eventos extraordinarios como el huracán María. Durante el período estudiado, cerca del 12.8% de los estudiantes del sistema público tenía una discapacidad específica de aprendizaje y aproximadamente el 79% vivía bajo condiciones de pobreza. Además, el 20.4% de la población adulta en Puerto Rico no posee un diploma de escuela superior, una proporción que duplica el promedio de Estados Unidos.

A partir de estos resultados, el investigador propone diversas recomendaciones de política pública dirigidas a reducir la deserción escolar. Entre ellas destacan fortalecer las estrategias de reducción de la pobreza mediante programas de asistencia que faciliten la inserción laboral de las familias; desarrollar programas escolares innovadores que fomenten la permanencia de los adolescentes en la escuela, particularmente antes del undécimo grado; reducir la proporción de estudiantes por maestro para mejorar la atención individualizada; evaluar sistemáticamente la efectividad de las terapias psicológicas y educativas dirigidas a estudiantes con discapacidades de aprendizaje; y priorizar la continuidad de los servicios educativos dentro de los planes de preparación y recuperación ante desastres naturales.

La investigación aporta evidencia empírica para orientar políticas públicas dirigidas a reducir el abandono escolar y promover una educación más equitativa para las poblaciones estudiantiles con mayores niveles de vulnerabilidad social y económica.