El portavoz popular Luis Javier Hernández Ortiz aludió a cómo no se pudo aprobar una reforma de permisos ni una reforma contributiva y que, a su juicio, el presupuesto -certificado por la Junta de Supervisión Fiscal- «no responde a la realidad del País».

La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) subrayó lo que, a su juicio, son las principales fallas de la mayoría legislativa y la gobernadora Jenniffer González y cómo se refleja en el saldo de la sesión legislativa que finaliza hoy.

«Llegamos al año y medio de esta administración y continuamos con promesas incumplidas por parte de la Gobernadora y el liderato legislativo. Nosotros sí hemos presentado propuestas bien pensadas para atender diversos problemas, pero la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) no dio paso a 85 iniciativas de senadores del PPD”, aseguró en conferencia de prensa.

Hernández Ortiz aludió a cómo no se pudo aprobar una reforma de permisos ni una reforma contributiva y que, a su juicio, el presupuesto -certificado por la Junta de Supervisión Fiscal- «no responde a la realidad del País».

“Todo lo anterior es consecuencia de la crisis interna que hay en el PNP por quién tiene más poder. Se trata de un capítulo más en esa lucha primarista. El liderato legislativo del PNP en el Senado ha determinado darle paso a iniciativas que no son programáticas y que tampoco le resuelven el costo de vida a la gente», señaló Hernández Ortiz al sostener que una medida programática como la nueva Ley de la Judicatura, a su juicio, es detrimental.

«A pesar de la objeción de un amplio sector del País que incluye abogados, ex jueces, ex funcionarios públicos del sistema de justicia”, dijo.

Por su parte, la portavoz alterna Marially González Huertas señaló que en esta tercera sesión ordinaria las comisiones del Senado dirigidas por legisladores penepés rindieron 85 informes negativos de medidas presentadas por la delegación popular.

¿Cómo emiten 85 informes negativos a una delegación que según el presidente del Senado no propone nada? Cada una de esas iniciativas presentadas por nuestra delegación, de alguna manera u otra estaban dirigidas para el bienestar de nuestra gente. Para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños, para mejorar las condiciones en su municipio, para proveer mejores servicios en áreas medulares como las salud y la seguridad, pero sencillamente el PNP determinó cerrarle las puertas”, dijo.

El senador por acumulación Josian Santiago Rivera expresó en la rueda de prensa que los municipios son la estructura más cercana a la gente.

“La ayuda que desde el Gobierno Central le brindemos a los ayuntamientos, redundará en una mejorar calidad de vida para los ciudadanos. A pesar de esa realidad, el PNP le ha cerrado la puerta a iniciativas que hemos presentado en beneficio de los municipios. Por ejemplo, presentamos un proyecto para enmendar el Código Municipal y disponer la fórmula a utilizarse por el CRIM para la distribución de los fondos del Fondo de Servicios Esenciales y Responsabilidad Fiscal Municipal. Nuestra propuesta daría prioridad, entre otras cosas, a aquellos municipios con mayor necesidad, determinación a la que se llegaría por ejemplo por la cantidad de personas que son beneficiarios del PAN en esos municipios, entre otros requisitos dispuestos en la medida”.

Santiago Rivera añadió que actualmente hay 37 municipios cuyos presupuestos operacionales dependen en más de 40% del eliminado Fondo de Equiparación y que podrían quedar inoperantes.

“Importante destacar que son municipios dirigidos por alcaldes populares y penepés, aquí no hay distinción alguna. Lamentablemente el PNP le cerró la puerta a nuestra propuesta. Tampoco le dieron paso a iniciativas que presentamos en colaboración con la Asociación de Alcaldes para allegar más recursos a los municipios. Entre ellas: una pieza legislativa para que aquellos recaudos por contribución sobre la propiedad del 1.03% no fueran al Fondo General, sino que pasaran directamente al CRIM, que fueran distribuidos a los municipios en aras de proveer a estos una fuente de financiamiento adicional para mantener la continuidad de los servicios esenciales a sus constituyentes. Este 1.03% es una contribución especial dispuesta hoy en la Ley y que ha demostrado consistentemente desde el 2017 hasta el presente recaudar más de $110 millones, dinero que puede ir a los municipios. A pesar de todo esto, la prioridad en este cierre legislativo es aprobar 3 millones de dólares para la Conmemoración del Semiquincentenario de los Estados Unidos 250 años de la independencia”.

A juicio de la senadora Ada Álvarez Conde, “hay un asunto que destaco y es la hipocresía del PNP en el tema de la crisis de la AAA. Desde el verano del 2025, nuestra delegación ha estado en récord denunciando los problemas alrededor de la AAA y su gerencia. Lo hemos dicho y lo reiteramos: no queremos pensar que todo este desastre en la AAA responde a un plan para privatizar esa corporación pública. Ahora bien, el PNP a pesar de tener desde el 20 de febrero de 2026 una Resolución presentada por nuestra delegación para interpelar al Presidente de la AAA no es hasta el 17 de junio de 2026, 117 días después, que lo convocaron a una Comisión Total”.

Álvarez añadió que desde octubre de 2025, se presentó legislación para investigar el estado de la planta Antonio Santiago Vázquez (Superacueducto), y el PNP tampoco le dio paso. De otro lado, una medida que tenía el propósito de mejorar la calidad de vida y brindar un alivio contributivo a los enfermeros, tampoco tuvo el aval del PNP. “Presentamos una iniciativa que tenía el propósito de bajar la tasa de retención de 10% a 4% a nuestros profesionales de la enfermería que prestan servicios profesionales. Lo anterior, para atender la crisis crítica de personal de enfermería que ha emigrado en busca de mejores salarios y condiciones de vida. De otro lado, a esta fecha el País ha sufrido 29 feminicidios, a pesar de esa estadísticas que son asombrosas, el PNP no dio paso a una iniciativa que presentamos para asignar un millón de dólares a la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género”, expuso la legisladora.

González Huertas señaló que en su caso, como senadora de Distrito presentó una medida para que el Cuerpo de Bomberos y el Departamento de Seguridad Pública (DSP) adquiriera un camión bomba para atender el tema de los incendios forestales en el Municipio de Sabana Grande y el PNP decidió no darle paso.

Hoy, el DSP solo cuenta con un camión para proveer servicios a toda una región que comprende Yauco, Ponce, Mayagüez, San Germán y Guánica.

“Ya hemos visto en los pasados días como esta crisis se ha agravado en el área sureste del País y lamentablemente no ha pasado nada. Sobre el tema de acueductos, sin duda alguna hay una crisis en el área metropolitana, pero las comunidades de mi distrito también carecen de este preciado líquido. En el caso del Sector Corea del Barrio Quebrada Ceiba del Municipio de Peñuelas, una comunidad con cerca de 400 familias y 1,500 residentes, actualmente tienen un sistema fuera de servicio porque la AAA argumenta que no es costo efectivo activar el sistema a dicho sector. Este reclamo lo llevamos haciendo desde el cuatrienio pasado, el gobernador Pierluisi le dio la espalda a esta comunidad y ahora la delegación del PNP en el Senado le da la espalda a estos residentes, a pesar de que el cuatrienio pasado esto se aprobó de forma unánime”.

Lo mismo ocurre con las familias del Barrio Quebrada Honda del Municipio de Guayanilla. “En dicha comunidad en épocas recientes la AAA ha instalado algunos contadores de agua, sin embargo, no están en funcionamiento. Allí, la falta de manejo adecuado del tanque de abastecimiento se ha vuelto un problema para la comunidad, dejando a estos sin servicio del preciado líquido en múltiples ocasiones a la semana. El PNP lamentablemente le cerró la puerta a la posibilidad de mejorar la calidad de vida de esta comunidad”, detalló la senadora por el distrito de Ponce.

Finalmente, el portavoz Hernández Ortiz atendió el tema de educación especial.

«El PNP determinó no darle paso a una iniciativa que tenía como propósito ordenar al Departamento de Educación a cumplir con su deber de crear el Registro de Asistentes de Servicios Especiales que son los que se desempeñan como T1 y T2 para nuestros menores con necesidades especiales. Esta fue una medida que presentamos por petición de la Alianza de Autismo de Puerto Rico y el PNP no le dio paso. Tampoco le dieron paso a enmiendas que presentamos como parte del proceso de evaluación del presupuesto para eliminar la partida de $9 millones a Verónica Ferraiouli y asignarla al Programa de Remedio Provisional», dijo.