El jefe de fiscales federales en Puerto Rico aseguró que tampoco hubo instrucciones o restricciones relacionadas a la investigación, los acusados y los cargos radicados.

El fiscal federal W. Stephen Muldrow reiteró que durante una investigación sobre un esquema en el que, presuntamente, una pandilla facilitaba drogas a confinados a cambio de votos durante elecciones en Puerto Rico no surgió evidencia pertinente.

Muldrow aprovechó una conferencia de prensa en que se anunciaron los arrestos y la radicación de cargos contra integrantes de la organización criminal conocida como La Familia Nunca Muere, para leer una declaración en respuesta a un reportaje publicado por la organización periodística ProPublica.

Supuestamente, líderes de la pandilla Los Tiburones vendían drogas a reclusos a cambios de votos, específicamente, a favor de Jenniffer González Colón para las elecciones generales de 2024.

“Se ha reportado que la oficina encubrió o no persiguió cargos viables relacionados a elecciones ni de oficiales de las prisiones en ese caso. Primero, en esa investigación ninguna evidencia fue descubierta ni hubo alegaciones que cualquier candidato político, político o miembros de su personal de cualquier partido político estuvieron involucrados en una actividad ilegal relacionada a las elecciones”, dijo Muldrow.

La investigación de ProPublica señala que líderes de Los Tiburones amenazaron con violencia y con retener las drogas para asegurare que los reos cumplieran con la exigencia de votar por ciertos candidatos. Se alega que empleados correccionales colaboraron y se hicieron de la vista larga.

“La regla dentro del Departamento de Justicia es radicar cargos sobre las ofensas demostrables, consistente con la naturaleza de la conducta del imputado que puedan resultar en convicciones. Eso fue lo que ocurrió en ese caso y era importante porque un sinnúmero de víctimas estaban muriendo por sobredosis mientras en prisión”, sostuvo Muldrow.

Según ProPublica, luego de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos en el 2025, el fiscal asignado al caso recibió instrucciones para no continuar con las investigaciones.

“El caso fue investigado y una acusación fue radicada en diciembre de 2024 bajo la administración de Joe Biden y manejada por la oficina de distrito en Puerto Rico. No hubo instrucciones o restricciones dirigidas a esta oficina relacionadas a la investigación, los acusados y los cargos radicados en ese caso”, indicó.

Muldrow leyó una sección de la acusación original y resalta que líderes de la pandilla Grupo 31 auspiciaban que los miembros participaran activamente en elecciones e instruían por cuáles candidatos debían votar. Aquellos que no obedecían las ordenes estaban expuestos a recibir castigo, incluyendo retener las drogas.

“Si había intención de encubrir u ocultar conductas relacionadas a las elecciones, ¿por qué fue esa actividad incluida en la acusación como parte de los cargos de conspiración? Asumiendo que cualquier cargo viable relacionado a elecciones existía basado en las conductas, hubiese requerido que fuera a un candidato federal o en una boleta de un candidato federal, la pena máxima era de dos o cinco años. Los cargos por drogas representaban una pena máxima de cadena perpetua y un mínimo de 20 años por las muertas por sobredosis”, mencionó.

Muldrow rehusó hablar sobre los casos pendientes relacionados a oficiales del sistema penal.

“Cuando exista suficiente evidencia de oficiales públicos involucrados en corrupción, la oficina federal en Puerto Rico perseguirá agresivamente esos cargos”, concluyó.