Los programas de ciudadanía a cambio de inversión en las islas del Caribe, en aumento en los últimos años, son atractivos para quienes buscan no pagar impuestos en sus países de origen, según señalaron este miercoles a Efe expertos sobre el tema de la región.

San Cristóbal y Nieves fue en 1984 el primer territorio del Caribe en ofrecer el programa de ciudadanía a cambio de inversión y desde entonces territorios como Santa Lucía, Dominica, Granada, Antigua y Barbuda y las islas Turcas y Caicos se han sumado a esa iniciativa.

Los beneficios de estos programas varían entre países pero mantienen alicientes comunes como exención de contribuciones y de visa para viajar a más de 100 países, además de no requerir que los nuevos ciudadanos residan permanentemente en el nuevo territorio de adopción, entre otros.

El abogado puertorriqueño Christian Sobrino dijo a Efe que las islas caribeñas tienen una economía fuertemente cimentada en el turismo y que este tipo de programas son una forma de incrementar ingresos que los gobiernos utilizan para proyectos de infraestructura, desarrollo económico y social en sus países.

'Es una herramienta adicional para poder cumplir esas metas', dijo Sobrino.

Según la dirección en internet del programa de naturalización de San Cristóbal y Nieves, toda persona interesada en adquirir la ciudadanía debe hacer un donativo de 250,000 dólares a la Fundación de Diversificación de la Industria Azucarera o pagar más de 400,000 dólares en propiedades turísticas previamente aprobadas por el Gobierno.

La directora de Mercadotecnia de la compañía inmobiliaria Christophe Harbour, Katherine Verano, señaló a Efe que la mayoría de los clientes que invierten en el propiedades del grupo son mayores de 55 años y tienen ingresos anuales por encima de los 750,000.

'La ciudadanía pudiera ser un aliciente para el comprador internacional pero adquieren -propiedades- por la calidad de los productos y servicios que ofrecemos. Ellos encuentran aquí un estilo de vida que está a la altura del suyo', indicó Verano.

Desde 2008, Christophe Harbour ha vendido cerca de 100 millones de dólares en propiedades a unos 100 compradores que usualmente provienen de países como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia.

El abogado Edgardo Ríos -conocedor de inversiones en las islas Caimán y las islas Bermudas- dijo a Efe que los programas de ciudadanía a cambio de inversión son atractivos principalmente para personas que viven en países que gravan a sus ciudadanos con independencia de sus lugar de residencia.

'La última vez que revisé habían 25 países que persiguen a sus nacionales por meramente ser ciudadanos y tienen que tienen que pagar contribuciones aunque no vivan allí', comentó.

El especialista indicó que la fácil adquisición de ciudadanía en estas islas, que en promedio se tramita en un periodo de entre tres meses y un año, 'los hace escapar del lugar de donde eran ciudadanos originalmente', añadió.

A su juicio, la mayoría de los clientes interesados en invertir no dependen de su trabajo para generar ingresos, ya que viven de las ganancias de sus inversiones o activos.

El abogado resaltó que estos programas deben manejarse con cautela porque pueden promover paraísos fiscales.

Sobrino enfatizó que el Caribe es la región más atractiva para los inversores -que tienden a realizar transacciones conservadoras- por su imagen generalizada de ser paraíso turístico y por las relaciones políticas, económicas y diplomáticas que ha mantenido con sus antiguos colonizadores europeos.

'Lo que hace exclusivo un destino turístico son las 'amenidades', no la ciudadanía que está amarrada a ellas', concluyó Sobrino.

El Gobierno de Granada es el único del Caribe que hasta el momento tuvo que cancelar el programa de ciudadanía a cambio de inversión tras ser investigado internacionalmente por lavado de dinero.

En 2013, revivió esta iniciativa aumentando la cuota inicial de 40,000 dólares a cerca de 310,000 dólares.

En mayo 2014, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCe, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió una alerta por el 'abuso' del programa ofrecido en San Cristóbal y Nieves por personas que 'buscan evadir impuestos de EE.UU. o internacionales o que cometen otros crímenes financieros'.