La industria hipotecaria en Puerto Rico se encuentra entre la preocupación y el desconocimiento sobre cómo se va a implantar la ley que hace compulsoria la mediación antes de un proceso de ejecución de hipoteca, y que se supone que entre en vigor este próximo julio.

Esto a juzgar por el ambiente que NotiCel encontró en la Convención Anual de Mortgage Bankers Association of Puerto Rico (MBAPR) donde abordó a miembros de la industria y éstos aseguraron no tener claro cómo se iba a trabajar.

Juan ‘Jay’ Casalduc, presidente de MBAPR, confirmó que existe preocupación en la industria de cómo se va a implantar, pero determinó que la industria acatará lo dispuesto en la Ley 184 del 2012.

Una de las preocupaciones mayores de la industria, es que se dilaten los procesos para la ejecución de hipotecas, que actualmente rondan entre los dos años y medio a 3 años.

De extenderse el proceso, Casalduc argumenta que se puede ‘afectar el mercado secundario, porque hay inversionistas que compran préstamos de Puerto Rico, que dicen si un préstamo mío que se va delincuente me toma dos años ejecutar la propiedad, ahora me va a tomar dos años y medio más, quizás ahora no estoy dispuesto a comprar préstamos o quizás lo voy a comprar a menor precio, si lo compra a menor precio, las tasas de interés suben’.

Para Casalduc esta medida resultaba ‘innecesaria’, porque plantea que en la banca hay una división de mediación y negociación.

‘La realidad es que nosotros no queremos reposeer la casa de nadie. Eso es un proceso antipático, costoso y socialmente negativo’, sentenció.

Por su parte, Blanca Vélez, directora de San Juan Neighborhood Housing Services, manifestó a este diario digital que a ‘los bancos no le conviene’, que entre en vigor la Ley. Hay que tener en cuenta que esta Ley estuvo al punto de ser vetada el cuatrienio pasado, pero a raíz de cabildeo de la entidad AARP se logró que el gobernador Luis Fortuño la firmara.

Vélez teme que ante el hecho de que el Gobierno no hizo la tarea de orientar a los miembros de la industria hipotecaria, a la Rama Judicial y a otros sectores intermediarios, sobre los alcances de la Ley, esta no sea puesta en vigor este próximo julio como estaba previsto.

Además, señaló que la banca no ha dispuesto un sistema de solicitud de modificación de hipotecas, para que las entidades privadas intermediarias aprobadas por el Departamento de Vivienda Federal (HUD, por sus siglas en inglés) que funjan como mediadores, puedan someter los casos.

Ante este cuadro, observó que si no se implanta la Ley, más familias pueden estar en riesgo de perder sus viviendas.

Vélez lamenta que esto ocurra cuando en Estados Unidos es requisito el derecho a la mediación antes de la ejecución, y el gobierno aporta fondos para estos programas.

Para una guía práctica de esta nueva Ley pulse el enlace.