Proyecto bipartita propone frenar la venta libre de productos con THC alterado y reforzar la fiscalización interagencial.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, insistió que el camino para atender la proliferación de productos derivados del cáñamo alterados con tetrahidrocannabinol (THC) no pasa por legalizar el cannabis recreacional, sino por cerrar las grietas legales y reforzar la fiscalización en comercios donde se venden sustancias no reguladas que ya han afectado la salud de jóvenes puertorriqueños.

“No hay ambiente en la Legislatura ni en la administración, tampoco en la gobernadora, para abrir la puerta al cannabis recreacional. En mi carácter personal, no estoy a favor. Decir que vamos a legalizar las drogas para sacarlas del punto de droga es una falacia. Siempre van a estar ahí (en el punto)”, afirmó Rodríguez Aguiló.

El legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) presentó junto al representante popular Héctor Ferrer Santiago el Proyecto de la Cámara 223, que busca prohibir y sacar del mercado local los productos de cáñamo alterados con THC sintético, también conocidos como “marihuana sintética” o “productos de diseño”.

Una medida con “garras”

Rodríguez Aguiló explicó que el proyecto fue radicado originalmente en el pasado cuatrienio, pero que esta versión sufrió enmiendas profundas luego de un proceso de vistas públicas y análisis forense de productos disponibles en el mercado.

“Tiene garras el proyecto. Estamos siendo bien contundentes con los distribuidores en cuanto a las penalidades. Le pasamos un poco la mano a los vendedores, pero al usuario se le ayudará con programas de desvío, porque sabemos que estos productos crean dependencia y afectan la salud”, puntualizó.

La medida ordena la colaboración entre el Departamento de Agricultura —a través de su Oficina de Licencias e Inspección de Cáñamo Industrial (OLIC)— y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para establecer un reglamento conjunto que permita fiscalizar de manera más efectiva los comercios que venden estos productos.

“Agricultura solo tiene cuatro inspectores. Con cuatro inspectores no hay forma de regular esta industria que ha crecido exponencialmente”, añadió.

Hallazgos del Instituto de Ciencias Forenses

El representante destacó que la investigación legislativa incluyó pruebas químicas realizadas por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) sobre una muestra de productos incautados en tiendas y gasolineras.

De los cinco productos analizados, solo uno cumplió con la ley, mientras que otro contenía marihuana natural, y varios mostraron niveles de THC que superaban el límite federal de 0.3% establecido por la Farm Bill de 2018.

“Cuando a esos productos en seco se le hacen las pruebas, no se detecta el THC o bien mínimo. Pero cuando se calientan, ya sea por vapor o cigarrillos preenrolados, se detecta que tienen marihuana sintética o THC alterado”, explicó.

El informe firmado por el Dr. Raúl Blanco González, director del Laboratorio de Análisis Químico del ICF, confirmó que tres de los cinco productos analizados no cumplían con la ley federal y que algunos estaban mal rotulados como “libres de THC”, pese a contener concentraciones detectables de Delta-9 THC.

De la panadería al garaje: una venta sin control

El legislador describió la situación como una epidemia silenciosa que trasciende los “smoke shops”.

“Uno se sorprende al verlo en una panadería, en una farmacia de comunidad o mientras espera un sándwich. Son productos alterados con THC en lugares donde cualquiera puede comprarlos”, denunció.

El proyecto propone un periodo de 90 días para retirar los productos del mercado: 60 días para que las agencias redacten el reglamento y 30 días adicionales para que los comercios eliminen el inventario existente.

Entre lo medicinal y lo alterado

A preguntas de NotiCel, Rodríguez Aguiló subrayó que la industria del cannabis medicinal es un sector completamente distinto y altamente regulado, con controles científicos desde la siembra hasta el dispensario.

“El cannabis medicinal no es un juego. Es una planta medicinal con atributos terapéuticos, pero su uso debe ser ordenado, con receta médica y bajo un marco seguro. Estos productos alterados no tienen ningún control, están químicamente modificados”, sostuvo.

El legislador recomendó a los ciudadanos que entiendan que el cannabis puede ser una opción para su salud consultar a su médico y acudir a dispensarios autorizados, no a gasolineras ni vape shops.

Testimonios de impacto y vacío regulatorio

Durante las vistas públicas celebradas el pasado junio, madres como Zulema Vásquez, Bárbara Ortiz Duprey, Yanira Delgado Lazú y Sharon Malamud compartieron los efectos devastadores del consumo de estos productos en sus hijos.

“Su hijo (de Zulema) perdió la beca, perdió un año de universidad, y tuvo que entrar a tratamiento. Gracias a Dios ahora se recupera. Pero ese calvario lo viven muchas familias”, relató el representante.

El funcionario insistió en que las historias de estas familias valen más que cualquier estadística: “No hay datos más específicos que las experiencias de vida de esos jóvenes y sus familias”

“Prefiero no vender $1 y salvar una vida”

El presidente de la Comisión de Salud fue tajante al decir que la Cámara busca priorizar la salud pública sobre el lucro económico.

“Sabemos que es una industria que mueve dinero. Pero yo prefiero no vender un dólar en estos productos y salvar una vida”, sentenció.

Rodríguez Aguiló adelantó que la medida será aprobada próximamente en la Cámara y que ya cuenta con el compromiso del Senado, a través del senador Oscar Morales, para atenderla con carácter de urgencia.

Educación, no criminalización

Asimismo, a preguntas de NotiCel, el representante recalcó que el enfoque del proyecto no es punitivo contra los usuarios, sino educativo y preventivo.

“Queremos atenderlos a través de programas de desvío, porque detrás del consumo hay problemas de salud mental y desconocimiento. El enemigo no es el paciente, es el distribuidor que altera productos y los vende sin control”, expresó.

En síntesis, el legislador plantea que la legalización no resolvería el problema, sino que lo profundizaría en un país donde el marco regulatorio aún intenta estabilizar la industria medicinal.

Su mensaje es claro y contundente: “El cannabis medicinal funciona dentro de un sistema de control; el problema es lo que ocurre fuera de él.”