Dos de los estudiantes que contra toda presión decidieron no someterse a la administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico la semana pasada(PPAA) explicaron a NotiCel sus razones para el boicot, aun cuando ha significado enfrentar a compañeros, maestros y directores escolares.

En la escuela Alfonsina Irizarry de Toa Baja, un joven de undécimo grado contó que decidió desde el semestre pasado que no participaría del ejercicio que pretende medir la proficiencia de los jóvenes en las materias básicas de acuerdo con la ley federal ‘Que Ningún Niño Quede Rezagado’. Había escuchado información sobre que las pruebas eran un fraude que le hizo sentido.

‘Es un despilfarro de dinero para unas pruebas que no miden nada, que no miden la inteligencia de uno’, dijo el joven. Indicó que le presentó estas razones al director Javier Pagán y que este insistió en que debía tomarlas, pero finalmente le tiró sobre su escritorio los papeles que él le había dado haciendo constar su oposición. Luego de eso, se dirigió al salón de la clase que le correspondía a esa hora sin tener nada más que hacer mientras el resto de los alumnos del grado 11 se mantenían contestado los exámenes. El estudiante también recordó que tal y como él lo llegó a hacer en ocasiones anteriores, sus compañeros le han confiado que hacen la prueba ‘al garete’, sin estar muy pendientes de acertar las contestaciones.

Para otro joven, estudiante de la Escuela Natividad Rodríguez de Arroyo, participar de las Pruebas Puertorriqueñas también es un ejercicio fútil. ‘Al principio las iba a tomar, pero me puse a buscar información en Internet y encontré la página de la Federación de Maestros, que hablaba de boicotear las pruebas y me di cuenta de que lo que ellos decían era verdad’, comentó el también alumno de undécimo grado, quien cuando obtuvo la información le dio ‘una pequeña orientación’ a su abuela para explicarle las razones por las que no asistiría a la escuela en estos días.

Contó que su experiencia ha sido que algunos de los ejercicios que se presentan en las pruebas corresponden a material que aún no ha sido enseñado, que los estándares no concuerdan con la realidad educativa de Puerto Rico y que se pierde mucho tiempo lectivo.

El adolescente de 16 años señaló que en su escuela se implantó el programa Operación Éxito, que tiene el propósito de motivar y adiestrar a los estudiantes para que puedan dominar los ejercicios en los exámenes. ‘Operación Éxito le sale en millones al gobierno y los mismos repasos que nos daban tenían errores. En cada materia se perdieron hasta cinco clases’.

Este muchacho también expresó a NotiCel su preocupación porque la prueba se administra a todos los estudiantes según su edad cronológica y que aún aquellos que son del programa de Educación Especial tienen que contestar los mismos ejercicios que los demás. ‘Eso no me parece justo porque no todos los estudiantes tienen la misma capacidad’.

Desde hace años, la Federación de Maestros de Puerto Rico ha hecho un llamado a boicotear estas pruebas. De acuerdo con el presidente del sindicato, Rafael Feliciano, ‘las Pruebas Puertorriqueñas son el negocio del fracaso’ porque, según él, están diseñadas para que los estudiantes no las pasen y se pueda justificar el desembolso de dinero para programas como Operación Éxito. Además, los fracasos implican la asignación al Departamento de Educación estatal de más fondos federales, fondos que no llegan en materiales y recursos a las escuelas. Por otra parte, expresó, el fracaso consecutivo también implica la implantación de un modelo de transformación de escuelas que criminaliza a los maestros y que busca la administración privada de los planteles públicos.

‘Los padres y madres tienen el derecho a decidir si sus hijos toman o no la prueba. Lo que hemos visto es que muchos padres están interesados en que sus hijos no las tomen, pero ha habido una campaña de terror en las escuelas, donde se ha estado amenazando con que se va a llamar al Departamento de la Familia, que les van a quitar los cupones si no toman las pruebas y diciendo que la ley exige, lo que es una mentira, pero ha sido la principal herramienta para intimidar’, declaró Feliciano.

Así ocurrió en la escuela María E. Rodríguez de Bayamón, donde la directora Neymi Aponte envió una carta con evidentes errores ortográficos aduciendo que ‘de acuerdo con la ley en este año escolar todo estudiante que no se presente a tomar las Pruebas Puertorriqueñas será referido al Departamento de la Familia’.

Comoquiera, dijo Feliciano, ‘tú puedes obligar a un estudiante a que llene una burbuja, pero no lo puedes obligar a que conteste a conciencia y la realidad es que las están contestando a lo loco porque no le ven pertinencia y eso invalida los resultados en cualquier tipo de prueba estandarizada’.

El Frente Amplio Magisterial, constituido por Educamos y la Unión Nacionales de Educadores y Trabajadores de la Educación (Únete) también denunciaron ayer la situación con las pruebas y reclamaron mayor participación en la toma de decisiones sobre la organización escolar para verdaderamente alcanzar el aprovechamiento académico de los estudiantes.