La misma lógica constitucional podría usarse para terminar con varios derechos dictados por la jurisprudencia, pero que no están recogidos en ninguna ley federal.

La opinión pública estadounidense expresó este domingo temor a que otras decisiones tomadas hace años por el Tribunal Supremo como la legalidad del matrimonio gay o el derecho a usar métodos anticonceptivos sean revocadas por la Corte, tal y como ha ocurrido con el derecho al aborto.

Medios como el Wall Street Journal, el Washington Post y la cadena CNN coincidieron en señalar que la misma lógica constitucional usada para revocar la sentencia que daba amparo legal al aborto podría usarse para terminar con varios derechos dictados por la jurisprudencia, pero que no están directamente recogidos en ninguna ley federal.

El principal argumento usado el viernes por la mayoría conservadora del Supremo para revocar la sentencia de 1973 bautizada como «Roe v. Wade» que protegía legalmente el aborto fue que este no está recogido explícitamente en la Constitución de Estados Unidos -que data de 1787-, y que la Corte de 1973 se había excedido en su interpretación de la Carta Magna.

El matrimonio homosexual y el derecho a usar anticonceptivos, igual que el aborto hasta ahora, no están protegidos por ninguna ley a nivel federal que los reconozca explícitamente, sino que emanan de las interpretaciones que en su momento hicieron los magistrados del Tribunal Supremo con respecto a su encaje en la Constitución.

En el fallo del viernes, el magistrado del Supremo Clarence Thomas -el único afroamericano de la Corte y uno de los jueces más conservadores- emitió una opinión propia en la que animó directamente a sus compañeros a revisar otras sentencias emitidas en el pasado usando el mismo prisma que en la decisión sobre el aborto.

«Tenemos el deber de corregir el error establecido en precedentes como Griswold, Lawrence y Obergefell», escribió Thomas en su opinión.

Estos tres casos mencionados por el juez son los que protegen, respectivamente, el derecho a obtener métodos anticonceptivos (1965); el derecho a tener relaciones sexuales privadas (2003) -que de forma implícita prohibió cualquier castigo a la homosexualidad-; y el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo (2015).

Las palabras de Thomas tienen especial relevancia porque son una señal clara para que los grupos conservadores que luchan contra este tipo de cuestiones en los tribunales lleven su batalla legal al Supremo, sabedores ahora de que allí tienen por lo menos un aliado, y quizá el apoyo de la mayoría.