El Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto indicó en la mañana que el gobierno no sabía de dónde sacar esos fondos, pero dio a entender que los fondos de reconstrucción podían estar disponibles para esos fines.

Contrario a lo que el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco Urrutia, dio a entender, el Gobierno de Puerto Rico no planifica utilizar 800 millones de dólares en fondos de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para pagarle a LUMA Energy, según uno de sus compañeros de gabinete.

Específicamente, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero Díaz, fue quien desmintió las declaraciones durante una vista pública en el Capitolio y presentó las opciones en discusión para cumplir con el pago.

El monto supone costear el contrato para administrar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) otorgado a la empresa y así evitar un alza en el precio de la energía. No obstante, la tarifa de los abonados podría aumentar por otros factores, según Marrero Díaz.

“Los fondos de FEMA de reconstrucción bajo el Stafford Act son para reconstrucción, así que ese dinero no está disponible para pagarle al operador, porque ese dinero es para infraestructura que se dañó”, aclaró el Director Ejecutivo de AAFAF durante una vista pública en el Capitolio.

El Director Ejecutivo de AAFAF esbozó que los fondos federales se mantienen en las cuentas del gobierno y LUMA Energy no tiene la habilidad de transferirlo a sus cuentas.

En una entrevista radial el miércoles en la mañana, Blanco Urrutia indicó que el gobierno no sabía de dónde sacar esos fondos, pero dio a entender que los fondos de reconstrucción podían estar disponibles para esos fines.

Marrero Díaz, por su parte, especificó que la deuda de $800 millones debe subsanarse con la liquidez del gobierno estatal, porque la reforma de energía eléctrica “es una reforma del gobierno central y contribuye al producto interno bruto”.

En ese aspecto, rechazó las otras opciones que se han discutido, como solicitar un préstamo porque a la larga se tendría que aumentar el costo de la tarifa de los consumidores para reponer el dinero. Sin embargo, las movidas no garantizan que la factura mensual de la AEE a sus abonados sea intocable.

El aumento tarifario podría llegar de manos del tribunal, cuando se determine que Puerto Rico debe empezar a pagar deuda.

“Lo que se imponga tiene que ser incluido en la tarifa. La pregunta es cómo puedo bajar o mitigar en otro renglón para cuando toque pagar deuda, pensiones. Se busca renegociar contratos de AES y Ecoeléctrica, buscar proveedor privado. Es complicado”, argumentó Marrero Díaz.

Durante la vista, Marrero Díaz abundó sobre cláusulas contractuales con LUMA Energy, como el hecho que la empresa podría irse de la Isla en medio de un huracán y dejar su operación a medias, porque el acuerdo se lo permite.