Levantan varias banderas contra nominada

Es una desconocida para el tercer sector, no tiene historial de luchas por la equidad de genero y su nombramiento surge con la salida de una procuradora interina de la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) que denunció al exdirector de la Compañía de Turismo de Puerto Rico por hostigamiento sexual.

Estas y otras banderas fueron levantadas contra la nominación de la Lcda. Lersy Boria para dirigir la OPM por parte de la presidenta de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Lcda. Mariana Nogales Molinelli, y su presidente, el Lcdo. Alejandro Torres Rivera.

‘Nuestro Colegio exhorta al Gobernador a que retire el nombramiento de la licenciada Boria Vizcarrondo, quien no cumple con los criterios de la Ley 20 y a que actúe a tenor con la política pública establecida en dicha legislación consultando a las organizaciones de mujeres. Además, la Procuradora que sea nombrada debe proteger el curso de la investigación del caso de hostigamiento sexual en la Oficina de Turismo y de cualquier otro caso de discrimen contra las mujeres que surja, no importa quienes sean las personas involucradas o cuán cerca esten de el como ejecutivo’, expresaron en comunicado de prensa Nogales y Torres.

‘Llamamos la atención al hecho de que la nominada es una completa desconocida por las organizaciones de mujeres. No cuenta con un historial de luchas y compromiso con la equidad de genero y la reivindicación de los derechos de las mujeres, como establece la Ley 20 que crea la Oficina de la Procuradora. El gobernador hizo caso omiso a la recomendación del estatuto para que las organizaciones sean consultadas, precisamente para evitar la intromisión del partidismo político en la designación’, expresó Nogalres en comunicado de prensa.

El nombramiento de Borgia surge justo despues de que la entonces procuradora, Carmen Lebrón, hiciera el referido al Departamento de Justicia sobre los incidentes de hostigamiento sexual en Turismo que culminaron con la destitución de su entonces director, Jose Izquierdo II.

‘Sabido es que la inclusión en dicho referido de los licenciados Christian Sobrino y Alfonso Orona, funcionarios de alto rango muy vinculados al gobernador Rosselló, trajo como consecuencia la desafortunada expresión de la Lic. Wanda Vázquez Garces, de declararse sin jurisdicción, sin que hubiera dado inicio la investigación con respecto a ellos y que, además, criticara la gestión de Lebrón. Lo próximo fue que el ejecutivo relevara a esta de sus funciones y nominara a la ex directora de (Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles) ACAA’, señaló la Presidenta de la Comisión de la Mujer del Colegio.

El artículo IV de la Ley 20 del 11 de abril de 2001 establece, entre otros, que el gobernador podrá solicitar y recibir recomendaciones del sector gubernamental y de los grupos identificados con los derechos de las mujeres y la equidad de genero sobre posibles candidatas para ocupar el cargo y que dichas candidatas deben haberse distinguido por su independencia de criterio y su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres, la eliminación de todas las manifestaciones de opresión, marginación y discrimen y que este dispuesta a hacer un análisis continuo de la situación de las mujeres.

‘El mensaje que está enviando el Gobernador es uno de falta de transparencia y de que se toman represalias contra quien se atreve a denunciar la violación de derechos. En la OPM no solo fue relevada de su puesto la Procuradora Interina, sino otras empleadas que, aunque de confianza, pudieron tener responsabilidades sobre la investigación de Hostigamiento sexual en Turismo sobre las que todavía la Procuraduría tiene gestiones pendientes, lo que puede poner en peligro su curso y el apoyo que algunas de las víctimas están recibiendo’, advirtió Nogales.

‘Desde la gobernación de Luis Fortuño, el propósito de la Ley que crea la OPM ha sido violentado. No se le pide parecer y recomendaciones a las organizaciones de mujeres y la entidad gubernamental se ha contaminado con el partidismo político, estableciendose una gran distancia entre la agencia y las mujeres. No se atienden con prontitud los problemas que estas enfrentan, los procedimientos para la asignación de propuestas y fondos se han tornado más burocráticos, lentos y perjudiciales. Se han limitado al tema de la violencia domestica, pero aún respecto al incremento del mal social como una de las secuelas del Huracán María, la OPM no ha actuado con celeridad y con un plan integrado que responda a las necesidades existentes’, denunciaron los abogados.