Se solicita una corrección tarifaria de al menos 33.7%, el cese de la retención del 1.5%, la devolución de las cantidades retenidas y protecciones ante fallas de los sistemas del Departamento y medidas dirigidas a preservar la selección del proveedor privado.

La Asociación Puertorriqueña de Proveedores de Servicios de Salud Relacionados a la Educación (APPSSRE), que agrupa a proveedores privados que participan del Programa de Remedio Provisional, radicó una segunda Solicitud de Intervención Urgente y en Auxilio de Jurisdicción ante el Tribunal de Primera Instancia dentro del caso Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación.

El grupo alega ante el Tribunal que Educación “ha asumido progresivamente mayor control sobre esta relación, incorporando requisitos, restricciones y condiciones propias de una contratación gubernamental directa y desplazando el rol de las familias, sin que haya mediado una modificación de la Sentencia que altere la naturaleza del Remedio Provisional”.

“El Remedio Provisional existe precisamente porque el Departamento no pudo ofrecer un servicio que el estudiante necesita y que tiene la obligación de garantizar. No puede entonces ejercer un control sobre ese mecanismo y sobre el sector privado de proveedores que termine desplazando a las familias o creando nuevas barreras para recibir los servicios”, expresó Ruth Concepción Rivera, presidenta de APPSSRE en declaraciones escritas.

Mencionó que los proveedores de servicios relacionados a estudiantes del Programa de Educación Especial firman de los contratos de servicios “bajo protesta, con reparos y expresa reserva de derechos”.

“No llegamos al Tribunal como primera alternativa. Agotamos el diálogo, presentamos evidencia y propusimos soluciones. Estamos ante el comienzo de un nuevo año escolar y estas controversias siguen sin resolverse. Entendemos que corresponde que sean atendidas”, señaló Concepción Rivera.

Entre los remedios solicitados se encuentran una corrección tarifaria de al menos 33.7%, el cese de la retención del 1.5% y la devolución de las cantidades retenidas, protecciones ante fallas de los sistemas del Departamento y medidas dirigidas a preservar la selección del proveedor privado por parte de las familias. APPSSRE también solicitó autorización para comparecer en la vista pautada para el 14 de agosto o, que se señale una vista evidenciaria presencial con urgencia.

Alegó que aproximadamente 45,057 estudiantes permanecen sin recibir al menos uno de los servicios requeridos y 68,936 servicios continúan sin ofrecerse.