Presuntamente violó la Ley de Ética Gubernamental al contratarla luego de que un año antes aprobara un contrato de servicios profesionales con la CFSE.

La Oficina de Ética Gubernamental ha presentado una querella ética contra Francisco Domenech Fernández.

Contra Domenech, en capacidad de Secretario de la Gobernación, se le imputa haber aprobado el 18 de agosto de 2025 un contrato valorado en $125,000 a favor de la exsecretaria de Justicia, Janet Parra para rendir servicios en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

Tras su salida el del gobierno en agosto de este año, Domenech contrató a Parra como su representante legal ante un proceso de investigación ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

Según la OEG, esta actuación de Domenech significa una violación a la Ley de Ética Gubernamental ya que un exservidor público no puede, durante el año a la fecha de terminación de su empleo en el gobierno, contratar directa o indirectamente con una persona privada sobre la que haya ejercido una acción oficial durante el año anterior a la terminación de su empleo.

La OEG está solicitando una restitución de fondos públicos.

Domenech Fernández tiene 20 días para responder a partir del 29 de octubre.

Reacciona Domenech

Indicó que la querella de Ética interfiere con el derecho constitucional a una representación legal competente.

«La querella de la Oficina de Ética Gubernamental descansa en una interpretación viciosa de la ley, que convierte una norma pensada para evitar el aprovechamiento de haber hecho alguna función gubernamental en un obstáculo para el derecho constitucional que le asiste a toda persona de estar representado por el mejor abogado en la materia que confronta y poder defenderse efectivamente. Esta querella no contiene alegación alguna en donde este servidor se está aprovechando de alguna manera del cargo que ejercí para obtener un beneficio, ni malversación de fondos públicos. La contratación de un proveedor de servicios que son pagados con los fondos de este servidor, no puede considerarse una infracción a la ley de ética», indicó en declaraciones escritas.

«No conocemos un solo caso en que la Oficina haya interpretado la ley de esta manera, y por una buena razón. La Secretaría de la Gobernación revisa decenas de miles de transacciones y tramites anualmente, lo que incluye decenas de miles de peticiones para la contratación de servicios profesionales de toda la Rama Ejecutiva. Bajo esta lectura, quien ocupe ese cargo y los que trabajen en dicha Oficina, quedarían impedidos de contratar a prácticamente cualquier abogado, médico, contable, o laboratorio, entre otros, con experiencia en Puerto Rico. Esa no es la ley que aprobó la Asamblea Legislativa», sostuvo.