Según una dirigente sindical, la escasez de trabajadores sociales y técnicos ha obligado a muchos empleados a asumir una cantidad de casos que dificulta atender con prontitud investigaciones de maltrato, abandono y otras situaciones.

La presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPUPR), Concilio 95 AFSCME, Jessica Martínez Santos, denunció el jueves que la falta de personal, la sobrecarga de casos y la escasez de recursos operacionales afectan la capacidad del Departamento de la Familia para atender a menores, adultos mayores y familias vulnerables.

“La situación ha llegado a un punto insostenible. Nuestros trabajadores sociales y técnicos están al borde del colapso físico y emocional. Tienen cientos de casos imposibles de manejar, sin supervisión adecuada, sin vehículos, sin celulares, sin amas de llaves, y el Departamento sigue negando esta realidad”, expresó Martínez Santos en declaraciones escritas.

Según la dirigente sindical, la escasez de trabajadores sociales y técnicos ha obligado a muchos empleados a asumir una cantidad de casos que dificulta atender con prontitud investigaciones de maltrato, abandono y otras situaciones que afectan a personas bajo la protección del Estado.

Martínez Santos sostuvo que el problema se agrava por la falta de vehículos oficiales, teléfonos celulares, choferes, intérpretes, amas de llaves y otros recursos necesarios para realizar visitas, investigaciones y servicios de campo.

La organización también atribuyó la dificultad para reclutar y retener profesionales a los bajos salarios, las condiciones laborales y el agotamiento físico y emocional que provoca la carga de trabajo.

“Año tras año, y gobierno tras gobierno, este problema no ha sido atendido con la diligencia que merece. Aquí se afectan los participantes, pero también los compañeros que tienen que abandonar a sus familias para cuidar a las que están bajo la custodia del Estado”, sostuvo el presidente de la UPETEC Local 3234 de SPUPR, Fernando Ballester Irizarry.

Como parte de sus reclamos, el sindicato pidió aumentar los salarios, establecer un proceso continuo de reclutamiento, restituir servicios y herramientas de trabajo, contratar personal especializado y realizar una auditoría independiente sobre la distribución de casos.

Además, solicitó fortalecer la coordinación entre el Departamento de la Familia, otras agencias y el sistema judicial para reducir atrasos y mejorar la respuesta en los casos de protección de menores y adultos mayores.