Dijo que se trata de lograr un «balance» entre los intereses de la comunidad y de los desarrolladores. «Esto no tiene nada que ver con Esencia”, afirmó.

El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, defendió esta mañana la nueva ley que le requiere a cualquier individuo o comunidad prestar una fianza en el tribunal equivalente al 10% del costo de un proyecto de infraestructura si interesa presentar un pleito para detenerlo.

La reacción del proyecto apunta a que la nueva Ley 82-2026 encarecerá el costo de la impugnación de todo tipo de proyectos. En un intercambio con la prensa esta mañana, Domenech dijo que la ley trae balance y “esto no tiene nada que ver con (el proyecto) Esencia”.

La mano derecha de la gobernadora Jenniffer González mencionó que es importante atajar lo que llamó “meras alegaciones frívolas” para detener proyecto y recalcó que esa fianza es requerida en los tribunales, no en primera instancia, que sería en el proceso administrativo de impugnación.

“Que no sean meras alegaciones”, dijo. “Tiene que haber la evidencia para entonces para paralizar ese permiso. Que no se quede en meras alegaciones”, insistió.

Domenech sostuvo que el concepto de la fianza no es nuevo en los tribunales y se requiere, por ejemplo, en embargos.

“No es una figura ajena al ordenamiento jurídico”, sostuvo.

Cuando se le preguntó por el impacto en comunidades de una ley que haría básicamente imposible impugnar permisos, Domenech respondió que “puedo entender lo que tu dices”.

 “Pero se impactan los costos del proyecto que se quiere detener”, afirmó. “Si vas a hacer un impacto económico en un proyecto tiene que haber un contrapeso de que las alegaciones no sean frívolas”, dijo.

“Estás haciendo un balance. Hay un impacto para la comunidad, pero un impacto directo a los desarrolladores”, concluyó.