El subsecretario Todd Blanche, un exsocio del nuevo abogado del banquero Herrera Velutini, fue la palanca para disolver caso contra exgobernadora Wanda Vázquez, reveló Bloomberg.

El caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente Mark T. Rossini se disolvió por orden directa del subsecretario de Justicia federal Todd Blanche, reveló ayer el medio especializado en negocios Bloomberg.

Blanche defendió al presidente Donald Trump en sus casos criminales junto al abogado Christopher Kise, quien se unió a la representación de Herrera Velutini en agosto pasado. Cuando se conoció que el procesamiento de la exgobernadora terminaría en acuerdos con el gobierno, la conexión que se resaltó fue la de Kise con la secretaria de Justicia federal, Pam Bondi, ya que ambos provienen del Departamento de Justicia del estado de Florida. Pero la publicación de Bloomberg afirma que a quien reclutó Kise fue a Blanche, su exsocio en los casos criminales de Trump.

“(Blanche) intervino para exigir a los fiscales de línea (en la División de Integridad Pública) y al jefe de fiscales en Puerto Rico que resolvieran el caso antes del juicio en agosto”, indica la publicación. Previamente, en documentos sometidos al tribunal, solo se había dicho que el “liderato” de Justicia federal se involucraría en las discusiones sobre el futuro del caso.

Kise habría tocado la puerta de la oficina de Blanche con el argumento de que este caso era un ejemplo de la “militarización” de investigaciones criminales en contra de enemigos políticos. Es el mismo argumento que usó Trump para enfrentar sus procesamientos criminales durante la Administración Biden. El abogado le resaltó a su exsocio que Vázquez Garced había endosado a Trump para la elección de 2020.

La oficina de Blanche contestó emitiendo una directriz a los fiscales del caso para que explicaran por escrito por qué esta acusación no era un ejemplo de “militarización”. Los funcionarios ripostaron que la pesquisa comenzó durante la primera administración de Trump, que ya habían conseguido declaraciones de culpabilidad y acuerdos de cooperación por parte de dos coconspiradores (la exejecutiva Frances Díaz Fossé y el exconsultor John Blakeman Ortiz) y que ya la jueza del caso había denegado mociones de desestimación.

Pero la orden se mantuvo para que la reunión que hubo en Washington DC el 29 de mayo para discutir el caso concluyera en una disolución sin llegar a juicio. Una fuente había indicado a NotiCel que en esa reunión los abogados de defensa expusieron también sus argumentos, que ya habían presentado al tribunal, sobre por qué entendían que el gobierno no tenía la prueba para sostener el esquema de soborno a cambio de apoyo político económico bajo el que se acusó al trío.

El pliego acusatorio de agosto de 2022 planteaba que Herrera Velutini gastó unos $300,000 en apoyo para la campaña primarista de Vázquez Garced a cambio de que esta lo complaciera en despedir al entonces comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner, y sustituirlo con un asesor del banco de Herrra Velutini, Bancrédito International Bank & Trust para, de esa manera, detener la fiscalización del gobierno de Puerto Rico hacía esa institución.

Los detalles del acuerdo no surgieron hasta el 20 de junio, cuando la jueza Silvia Carreño Coll exigió claridad sustantiva y procesal sobre el tipo de acuerdo al que se había llegado y sobre si ella tenía autoridad para recibir una declaración de culpabilidad por videoconferencia, como le estaban pidiendo las partes debido a que Herrera Velutini no es ciudadano norteamericano y no tiene visa activa.

Entonces, se indicó que el trío se declararía culpable en casos nuevos tramitados mediante denuncia directa (“information”) y no mediante acusación de gran jurado. El cargo sería porque, como el banquero no es ciudadano naturalizado, no puede hacer ningún tipo de aportación a ninguna campaña política de ningún nivel en jurisdicción de Estados Unidos. Sería por la modalidad menos grave de ese delito.

Las partes habían adelantado al tribunal que disponían del lunes y martes pasado para realizar esa vista por videoconferencia, pero esas fechas llegaron y pasaron sin que la jueza haya pautado la vista, por lo que el caso está en suspenso.

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