Mientras la administración de Jenniffer González Colón alega ser la más transparente en años recientes y anuncia nuevas dinámicas de comunicación, varios periodistas cuestionan su transparencia y la efectividad del esfuerzo ante un persistente bloqueo informativo.

Mientras la administración de la gobernadora, Jenniffer González Colón, anunciaba hoy miércoles con bombos y platillos una supuesta ampliación de su rendición de cuentas mediante el nuevo espacio “En el Récord”, varios periodistas utilizaron la misma conferencia de prensa para denunciar la falta de acceso a información pública y las trabas impuestas por La Fortaleza a la hora de canalizar preguntas o requerimientos de datos.

La iniciativa, que incluye mesas redondas semanales con jefes de agencias para discutir temas de seguridad, infraestructura, economía y salud, fue presentada como un esfuerzo por “abrir canales de comunicación directa” con la ciudadanía y la prensa.

No obstante, la narrativa oficial fue rápidamente confrontada fuertemente por miembros de los medios, quienes presentaron ejemplos concretos de peticiones ignoradas, comunicaciones sin respuesta y datos que, aunque reconocidos como públicos, no han sido provistos.

“No estamos siendo atendidos, estamos siendo ignorados, y me parece una ironía que hoy se esté haciendo aquí una conferencia para hablar de transparencia, cuando la norma desde que comenzó esta Administración ha sido otra”, expresó con firmeza una colega de la prensa.

“Me parece vergonzoso e inmaduro que se esté asumiendo esta actitud con nosotros”, añadió, aludiendo a la diferencia con administraciones anteriores donde —según sostuvo— la relación con los portavoces y secretarios era más funcional.

Durante la conferencia, varios miembros de los medios canalizaron sus denuncias: convocatorias que no llegan, correos institucionales que son ignorados o excluidos de listas oficiales, y respuestas que, de existir, tardan semanas o remiten a presentar solicitudes bajo la Ley de Transparencia como única vía de acceso.

De hecho, se planteó que algunos portavoces han indicado informalmente que “hay que esperar por instrucciones de Fortaleza”.

Uno de los periodistas presentes lanzó una pregunta clave al secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo: «si no existe una directriz para limitar el acceso a la información, ¿podría comprometerse desde ese momento a incluir a todos los medios —sin excepción— en las convocatorias oficiales?»

La pregunta no obtuvo una respuesta directa, pero sí una defensa tajante del secretario: “Yo no recuerdo ningún gobierno anterior que haya tenido tanta apertura, tanta accesibilidad a la prensa… los domingos no hay limitación de preguntas”.

«Nuestra administración nunca ha puesto límites o ha obstruido de alguna manera que un jefe de agencia pueda contestar preguntas de la prensa, y vuelvo y me reitero, no recuerdo un gobierno que ha tenido tanta apertura como este para hacer conferencias de prensa semanales sin limitación de tiempo, preguntas, temas, y demás», alegó el secretario de Asuntos Públicos.

Sin embargo, los periodistas presentes no coincidieron con Torres Montalvo debido a que esa no es la experiencia que muchos han tenido.

“No siempre el que se haga una conferencia de prensa es sinónimo de transparencia”, replicó otra voz.

Aunque desde el gobierno se insiste en que no hay restricciones temáticas, la experiencia de los periodistas ha sido otra: las agendas de las conferencias son impuestas por La Fortaleza, se limita el tiempo para preguntas, se ignoran temas urgentes y, en múltiples ocasiones, la misma gobernadora abandona el podio antes de que puedan abordarse asuntos de mayor interés público.

La iniciativa «En el Récord» propone conferencias con agencias los martes, jueves y domingos, algunas desde Fortaleza y otras en comunidades. Pero, mientras el gobierno insiste en que se trata de un mecanismo de apertura sin precedentes, el reclamo persistente de la prensa es claro: no hay transparencia sin acceso, y no hay apertura si se restringen las preguntas o si se obliga a la ciudadanía y a los medios a recurrir a la ley para obtener datos públicos que deberían estar disponibles desde el principio.

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