La secretaria de Estado y directora ejecutiva de la Autoridad para el Distrito de Convenciones será ahora también la representante de la gobernadora en el caso federal sobre la Policía.

La gobernadora Jenniffer González Colón notificó al tribunal federal que su representante en el caso de la Reforma de la Policía será la licenciada Verónica Ferraiuoli Hornedo, quien ya está designada secretaria de Estado y, además, fue nombrada directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones (ADCC).

La exabogada de González Colón en la comisaría residente fue miembro del comité de transición entrante y, en esa capacidad, ya había participado en una conferencia del caso que preside el juez federal Francisco Besosa Stubbe. Pero el informe final de transición no contiene una recomendación específica sobre cómo abordar los retos de la Reforma de la Policía ni qué estrategia se va a seguir para llevar la Policía a cumplimiento y poder finalizar esa causa judicial. En 2025, el caso cumple 13 años activo.

El 1 de octubre pasado, Besosa Stubbe había dictado que cualquier gobierno entrante tenía hasta el 1 de febrero para especificar quién sería el representante personal del nuevo gobernante en el caso. La Administración González Colón no pudo cumplir con ese plazo y pidió una extensión, confirmando a Ferraiuoli Hornedo cinco días después.

El juez también ordenó que no hubiera cambios por lo menos hasta el 30 de junio en una lista de 60 personas y contratistas “esenciales” que intervienen en el caso, particularmente desde el Negociado de la Policía y el Departamento de Seguridad Pública (DSP).

En la vista de estatus el 5 de diciembre pasado, el representante del Departamento de Justicia federal, Luis Saucedo, planteó dudas sobre la validez de los datos que la Policía ha logrado comenzar a compilar para demostrar progreso bajo el plan de cumplimiento de la reforma.

El monitor del tribunal, John Romero, sometió su más reciente informe de cumplimiento en diciembre. En el mismo, resaltó que el gobierno de Puerto Rico había logrado demostrar mejoría sostenida en meses recientes, pero anotó problemas de validación de datos, de rigor en la tecnología de información, de falta de transparencia en asuntos como compras y de una práctica, todavía arraigada, de no trabajar bien las investigaciones disciplinarias, especialmente si tienen que ver con oficiales de alto rango.

Durante la Administración Pierluisi Urrutia, los trabajos de reforma ocurrieron en un marco de tirantez entre el exsecretario del DSP, Alexis Torres Ríos, y el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, que se coronó con el primero haciendo un referido contra el segundo en la Oficina de Ética Gubernamental en septiembre pasado por supuestas violaciones en los exámenes de ascenso para sargentos y tenientes.

La gobernadora llegó a designar antes del comienzo de la sesión legislativa a Arturo Garffer como nuevo secretario de Seguridad Pública. Aunque está en funciones, lo hace remoto desde Kosovo, donde estará hasta al menos marzo en misión militar. La semana pasada, designó comisionado de la Policía a Joseph González Falcón, el jefe en Puerto Rico del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y quien no puede entrar en funciones hasta que el Senado lo apruebe. El funcionario servirá en calidad de destaque por lo que, oficialmente, su estatus laboral seguirá siendo de empleado del FBI.

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Joseph González será evaluado por el Senado el sábado