A raíz del caso de feminicidio del convicto Hermes Ávila Vázquez, que provocó el referido a dicha junta por parte de la secretaria de Corrección, Ana Escobar Pabón.

Un grupo de médicos contratados bajo Physician Correctional solicitó este miércoles al presidente de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, Ramón Méndez Sexto, y la directora ejecutiva, Dana Miró Medina, a que les clarifiquen a qué están expuestos en cuanto a imputaciones a raíz del caso de feminicidio del convicto Hermes Ávila Vázquez, que provocó el referido a dicha junta por parte de la secretaria de Corrección, Ana Escobar Pabón.

“Los abajo firmantes solicitamos de esta Honorable Junta que se nos notifique cuáles son las imputaciones contra nosotros y que se agilice cualquier investigación o procedimiento que se esté realizando para tanto nosotros como nuestras familias, poder recobrar la tranquilidad y continuar laborando en beneficio de nuestros pacientes dentro del Programa de Salud Correccional, sin ser sometidos a ataques mal intencionadas promovidas por intereses ajenos a la profesión médica. Si la suspensión solicitada por la Secretaria Ana Escobar Pabón se materializa, se estaría cometiendo una gran injusticia contra nosotros que le hemos dedicado nuestra vida profesional al Programa de Salud Correccional y por otro lado, se afectarían directamente los servicios a nuestros pacientes en las facilidades correccionales”, lee la misiva.

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“En medio de los intereses que subyacen detrás de la discusión pública de este caso nosotros hemos resultado ser un ‘collateral damage’ y hasta se pretendió darle algún tipo de credibilidad a unas acusaciones alocadas que el convicto Ávila Vázquez hizo contra algunos de nosotros y otros médicos del Programa, las cuales fueron descartadas por el Departamento de Justicia. Una vez esta Honorable Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica haga sus determinaciones, las cuales confiamos serán favorables a nosotros, cesarán las difamaciones y ataques a nuestra reputación y honra”, culminaron en su misiva los doctores, Deborah Arús Rosado, Gladys Quiles Santiago, Cristóbal Antron Ávila, Jeffrey González Morales y Pedro Pérez Arrindell.

El pasado 6 de diciembre, Escobar Pabón anunció el despido de ocho empleados tras concluir la investigación administrativa sobre su vinculación con el caso del recluso Hermes Ávila Vázquez.

“Luego de revisar detenidamente la investigación realizada por la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional y las resoluciones de la Oficial Examinadora, hemos determinado destituir a los ocho empleados por negligencia en el cumplimiento del deber, según dispone el Manual para la Aplicación de Medidas Correctivas y Disciplinarias a los empleados del DCR”, afirmó Escobar Pabón en declaraciones escritas.

El proceso administrativo comenzó el 5 de septiembre de 2024 y concluyó el 27 del mismo mes. Tras la evaluación por la Oficial Examinadora, la Oficina de Disciplina de Empleados del DCR y la Oficina de Asuntos Legales remitieron los expedientes a la autoridad nominadora para la determinación final, que culminó en la destitución de los empleados.

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La funcionaria subrayó que los empleados afectados tienen derecho a apelar la decisión ante la Comisión Apelativa del Servicio Público. Además, Escobar solicitó a Physician Correctional suspender a cinco médicos involucrados en el caso hasta que la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico finalice su investigación.

Ávila Vázquez, que cumplía una condena por asesinato en primero grado en el 2005, recibió un pase extendido en abril de 2023 bajo el alegato de que sus condiciones de salud no le permitían funcionar como una persona normal. Ávila Vázquez de 52 años, que estaba en la libre comunidad por beneficio de la Ley 25, asesinó a Ivette Joan Meléndez Vega, el pasado 21 de abril de 2024 en la carretera PR-686, cerca de la playa Los Tubos, en Manatí. Cuando fue arrestado por las autoridades, se le observó caminando sin dificultad.

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