El ente fiscal dijo que, aunque originalmente era un impuesto para pagar deuda, el gobierno asignó el dinero a otros usos y ahora está comprometido en el plan fiscal.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dijo que acciones llevadas a cabo en la Administración García Padilla y ahora en la Administración Pierluisi impiden que se eliminen los impuestos a los productos de petróleo y derivados.

En una carta el miércoles, el ente fiscal recordó al gobernador y la legislatura que en 2022 aprobaron una suspensión de 45 días en el cobro de estos impuestos después de que el gobierno identificó fuentes alternas para los fondos que se dejarían de recibir. Lo mismo podrían hacer para eliminar permanentemente estos impuestos, pero se requeriría encontrar fuentes alternas que produzcan los aproximadamente $500 millones anuales que generan los impuestos.

Sin esa identificación de fuente alterna, las propuestas que contienen los proyectos del Senado 776, 795 y 1383, así como la Resolución Conjunta de la Cámara 574, para eliminar estos impuestos “violarían la Ley Promesa”, concluyó la Junta.

El más reciente debate sobre estos impuestos surge porque los recaudos que generaban iban a darle estabilidad financiera a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Pero, habiendo pasado esa corporación pública por un proceso de restructuración de deuda, se planteó que los impuestos a los derivados del petróleo podrían alterarse o eliminarse.

Pero en su comunicación, la Junta señala que ya los ingresos de esos impuestos no están dedicados exclusivamente a la ACT sino que fueron transferidos al Fondo General para cubrir todo tipo de servicio gubernamental y, como tal, están encajados en el Plan Fiscal del gobierno central como fuente de ingreso.

Hay dos tipos principales de impuestos al petróleo y derivados. El primero, que se conoce comúnmente como la “crudita”, es de $15.50 por barril a nivel de importación de mayorista. El otro es de 16 centavos por galón de gasolina (4 centavos por galón de diésel, 3 centavos por galón de combustible para aviones y 8 centavos a otros combustibles). Sobre este, la Junta lo presenta como una especie de sustituto criollo al impuesto federal (que no se paga en Puerto Rico) y al impuesto sobre la venta, el cual no se cobra oficialmente en los combustibles.

La “crudita” existe hace décadas, pero su nivel más reciente de $15.50 fue establecido en 2015 durante la Administración García Padilla, previo a la quiebra del gobierno.

“Sin embargo, poco después de aprobar esa ley, los líderes electos de Puerto Rico decidieron dirigir esos ingresos al Fondo General para sufragar las operaciones generales del gobierno (incluyendo salud, educación y seguridad pública), inicialmente mediante orden ejecutiva en 2015 y subsecuentemente legislado mediante la Ley 53 de 2021”, relató la Junta.

La legislación de 2021, aprobada bajo los actuales gobernador y líderes legislativos, fue la llamada “Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico” y con la que se viabilizaron los instrumentos financieros necesarios para el Plan de Ajuste de la Deuda. La JSF no especifica en su carta cuál disposición de esa ley tuvo el efecto que concluyen en cuanto a los impuestos sobre derivados de petróleo.

Para leer la carta, pulse aquí.

Vea:

En veremos la propuesta para eliminar la Crudita 2