La presentación del informe parcial podría coincidir con la citación a Juan Maldonado de Jesús, ex director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo y representante de APEX.

El primer informe parcial de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre la pesquisa relacionada al manejo de la emergencia del coronavirus podría incluir referidos a las autoridades estatales y federales por alegados actos de perjurio y violaciones a las leyes que regulan los procesos de compras.

En conversación con NotiCel ayer, lunes, el presidente de la Comisión, Juan Oscar Morales Rodríguez, especificó que el informe contendría el proceso de las vistas hasta la semana pasada.

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) no fue categórico en quiénes podrían ser objeto de estos referidos. No obstante, entrelíneas afirmó que el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, y la subscretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez Pérez, no actuaron conforme a la “Ley para atender la crisis económica, fiscal y presupuestaria para garantizar el funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico” (Ley 3 de 2017).

El estatuto dispone que la Secretaría de la Gobernación tiene el deber de evaluar todo contrato que supere los $10,000 en un año fiscal y que el propio Pabón Batlle, durante su testimonio el lunes bajo juramento, negó haber hecho durante la emergencia del COVID-19.

Morales Rodríguez cuestionó que, si bien los contratos finales no fueron evaluados por la Secretaría de la Gobernación, las cotizaciones de empresas interesadas en vender sus productos sí llegaron a manos de funcionarios de La Fortaleza, cuando de ordinario se supone que el proceso de compra permanezca en la agencia en donde se origina.

“Aquí han incumplido con la ley y con cartas circulares. Desde notificar una orden de compra de más de $10,000, que se la tienen que enviar al Secretario de la Gobernación para que él la evalúe en 24 horas y pueda determinar si se hizo conforme a derecho. Sin excepciones. Eso no se estaba haciendo. […] Las violaciones de ley comenzaron desde las agencias al transportar todas las cotizaciones fuera del Departamento de Salud”, declaró Morales Rodríguez a preguntas de la prensa.

Una de estas cotizaciones pertenecía a Apex General Contractors (APEX), que ofrecía un millón de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 por $38 millones, a ser entregadas en cinco días.

La presentación del informe parcial podría coincidir con la citación a Juan Maldonado de Jesús, ex director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) y representante de APEX. Maldonado de Jesús debe presentarse ante la Comisión de Salud el próximo jueves, 7 de mayo.

El representante señaló que otro estatuto, la Ley de la Administración de Servicios Generales (Ley 73 de 2019 de ASG), “establecen que las compras se habrán de hacer en la oficina que genera la misma. Más aún, los oficiales de compra tienen que rendir un informe a la Oficina de Ética Gubernamental”, proceso que tampoco se ha seguido.

En la vista en que participó el administrador de la Administración de Servicios Generales, Ottmar Chávez Piñero, tanto él como el representante Morales Rodríguez tuvieron una discusión extensa referente a la supremacía de la Ley 73 sobre cartas circulares o cartas administrativas.

Ese día también se reveló que se ha incumplido con la ley, en la medida en que el estatuto ordenó la creación de un reglamento para centralizar el proceso de compras del gobierno dentro de 90 días, plazo que venció en octubre de 2019.

Referente al perjurio, en el transcurso de las más de 10 vistas públicas en este proceso tanto Morales Rodríguez como otros representantes han reiterado que «alguien está mintiendo» bajo juramento.

Al ser abordado en múltiples ocasiones, Morales Rodríguez no ha querido adjudicar esas acciones, pero ha sido partícipe de esa declaración.