Fue acusado de no divulgar intereses

La principal compañía de consultoría administrativa de la Junta de Control Fiscal (JCF), McKinsey and Company, ha sido objeto de señalamientos conflictivos tanto dentro como fuera del contexto de la quiebra de Puerto Rico, arrojando dudas sobre la cercana relación que mantienen con el organismo.

Luego de que medios como el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el New York Times publicaran que McKinsey posee por vía de la firma de inversión MIO Partners bonos de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA) con un valor estimado de $20 millones, se cuestionó si ese detalle se divulgó a la JCF previo a su contratación. Según reveló el CPI, la Junta se enteró de este posible conflicto en septiembre del 2018, por lo que contrataron a la firma legal Luskin, Stern & Eisler para investigar el asunto.

A pesar que la JCF indicó a ese medio que para finales del 2018 emitirían un informe sobre el asunto, un escrito presentado por ese bufete a la jueza Laura Taylor Swain informó que no podría ser elaborado para el 31 de diciembre del 2018, por lo que la investigación continuará en enero.

McKinsey ha servido a la JCF desde noviembre del 2016, pocos meses despues que el presidente Barack Obama designara los integrantes de ese cuerpo. Como asesores administrativos, McKinsey participó en la confección de planes fiscales para las entidades bajo el Título III, han suministrado a la Junta materiales para asistir en la evaluación de contratos mayores de $10 millones y además brinda apoyo en la evaluación de proyectos críticos de infraestructura al amparo del Título V.

Cuando el CPI cuestionó por que no separar a McKinsey hasta que termine la investigación en curso, la JCF respondió que la firma, ‘es un consultor valioso con pericia y experiencia que ha contribuido grandemente a nuestra labor en la isla’.

A raíz de los señalamientos que trascendieron contra la firma consultora, la congresista Nydia Velázquez presentó una medida para reforzar los requisitos de divulgación de la Ley PROMESA. Y es que al momento de legislarse el estatuto federal no se incorporaron los requisitos de divulgación sobre consultores y asesores que contiene la ley de quiebras federal, requisitos que pudieron haber alertado del posible conflicto que surgió con su firma de inversión.

Afloran las acusaciones contra McKinsey

En el estado de Texas -reportó la semana pasada the New York Times- el Departamento de Justicia federal presentó una moción en el caso de una quebrada compañía, Westmoreland Coal, para desestimar a McKinsey del caso. Según señaló el gobierno federal, McKinsey estaba cargada de deficiencias de divulgación, una violación a la ley de quiebras que obliga a todo consultor a divulgar sus intereses.

La denuncia contra McKinsey en el caso de Westmoreland Coal proviene de Jay Alix, fundador de la firma de reestructuraciones Alix Partners -la cual fue contratada durante la pasada administración para reestructurar la Autoridad de Energía Electrica (AEE). En lo que se perfila como una rencilla entre consultores de quiebra, McKinsey ha catalogado a Alix como un hombre empeñado en eliminar su competencia, mientras que Alix mantiene un pleito federal contra McKinsey por supuestamente ocultar sus conflictos de interes.

Por otra parte, el New York Times reportó recientemente que la firma consultora estuvo envuelta en un caso de soborno contra un oligarca ruso que proveyó a la empresa de aeronáutica Boeing acceso a minas de titanio en India en el 2006. Según el reportaje de ese diario, a pesar que McKinsey advirtió a Boeing los riesgos de trabajar con Dmitry Firtash -el oligarca ruso- indicaron en su evaluación que una de las estrategias que empleaba el potencial socio era el soborno de oficiales del gobierno de India.

Firtash fue acusado por un gran jurado federal por pagar más de $18 millones en sobornos a figuras del gobierno de India y en beneficio de la empresa Boeing. Aunque Firtash negó haber efectuado los sobornos o haber trabajado con McKinsey para elaborar el documento que detalló su estrategia para obtener los permisos de minería necesarios, ni la empresa consultora ni Beoing forman parte de la acusación contra el oligarca.

En declaraciones escritas, el portavoz de la firma, DJ Carella, negó que recomendara a las autoridades de India participar en sobornos a la vez que sostuvo que el documento al que hace referencia el NYT incluía preguntas importantes sobre las asociaciones y las empresas de Firtash y otros pasos que debían tomar antes de cerrar el negocio.

Tambien sostuvo que lo que sugirieron a Boeing en 2006 fue una posible empresa de riesgo compartido (joint venture, JV) con Bothli Trade AG, una compañía minera asociada a Firtash, que nunca prosperó. El documento incluía una descripción general de las operaciones del socio potencial en India, una evaluación de los modelos de asociación entre el cliente y el socio de JV, y un análisis del mercado de titanio. El documento tambien contenía una sección en la que se indicaban los riesgos únicos que supondría una asociación con Firtash y recomendaba que el cliente tomara varios pasos.