Integrantes de la comunidad de acceso a la justicia de Puerto Rico, así como organizaciones y personas solidarias en la diáspora, se han unido para rechazar el recorte de fondos y la eliminación de la Corporación de Servicios Legales (LSC por sus siglas en ingles), propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump en su presupuesto.

La Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia advirtió en una carta quedos terceras partes del presupuesto de Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR), la mitad del presupuesto de Pro Bono, Inc (PBI) y una tercera parte del presupuesto de la Oficina Legal de la Comunidad (OLC) provienen de la LSC. Estas tres entidades atienden, en conjunto, más de 35,000 casos anualmente.

‘Si bien se reconoce un derecho a la asignación de representación legal en casos criminales, no es así en el área civil. Esto representa una clara amenaza para las personas y comunidades con menos recursos’, apunta la carta endosada por varias entidades.

El año pasado 5,424 familias perdieron sus hogares en procesos de ejecución de hipoteca en Puerto Rico, un 22% más que el año anterior. Entre el 2009-2015 se presentaron 63,357 demandas de desahucio en los tribunales, gran parte en procesos sumarios. Otras estadísticas señalan que entre el 2015-2016 se solicitaron 15,605 órdenes de protección por violencia doméstica. A estos números añadimos las miles de querellas por falta de servicios de educación especial o maltrato a envejecientes.

‘Numerosos ejemplos ilustran lo que representan para personas y comunidades las entidades que se verían afectadas por el recorte. SLPR tiene programas especializados en violencia doméstica y atiende a estudiantes de educación especial. Han tenido un rol importante impidiendo la expropiación de comunidades como Vietnam, en Guaynabo. La OLC es la única entidad de servicios legales que atiende de forma especializada casos de personas VIH+. Finalmente, PBI une a la gente con necesidad legal con abogados y abogadas dispuestas a proveer asesoría y representación libre de costos’, abunda la misiva.

Por último, los subscribientes de la carta exhortaron a la comisionada residente,Jennifer González, a las y los congresistas Luis Gutiérrez, Nydia Velázquez, José Serrano, Darren Soto y Raúl Labrador, a que se unan en la defensa activa del presupuesto de LSC.