Pearson Education sigue restándose puntos de credibilidad en una carrera que, muchos dirían, ya perdió por números negativos. La compañía ha enfrentado varios procesos durante los últimos años por la mala administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Academico en la isla.

En esta ocasión, regresa a la discusión pública enfrentando una demanda por daños y represalias de una de sus empleadas.

Amparada bajo la Ley 115, Ley de represalias contra empleados por ofrecer testimonio y causa de acción, Blanca Martínez Vallésse querelló en contra de la multinacional después de ser despedida por informar sobre el incumplimiento de contrato del proyecto Red de Apoyo Diferenciado (RED 17), que tiene como meta el fortalecimiento de los servicios académicos y el aprovechamiento de los estudiantes en las escuelas públicas del país. Martínez Vallés, trabajó como gerente del área educacional del proyecto que impulsaría la compañía Pearson Education, contratada por el Departamento de Educación de Puerto Rico.

Las críticas de Martínez Vallés, durante el 2015, despertaron una investigación que concluyó que Pearson Education estaba cobrando por servicios que no había prestado en escuelas a las que nunca visitó. Pero también despertó represalias y el acoso por parte de sus patronos quienes, según la demandante, exigieron repentinamente que todo su trabajo estuviera documentado a través de correos electrónicos al igual que las horas que pasaba en su oficina así como los lugares donde salía. El ambiente y trato hostil, lee la demanda, provocó una crisis nerviosa en la demandante que requirió los servicios de un profesional de la salud.

Después de la terminación del contrato, la compañía ofreció más de $15,000 como liquidación, incluyendo días por vacaciones y enfermedad a cambio de que Martínez Vallés firmara un documento donde exponía que su despido no había sido por represalias, que no había sido víctima de acoso y libraba a Pearson de cualquier tipo de demanda. El cheque fue enviado a pesar de que la parte demandante no firmó el acuerdo. La cifra aún permanece sin ser depositada ni cambiada en efectivo hasta nuevo aviso.

En la parte demandada, figura el nombre de la multinacional y, además, los de Christopher Mannix y Christina Winter, jefes inmediatos de Martínez Vallés.

Los daños por compensación superan los $2, 000,000, además de la suma de medio millón por daños a la salud mental del esposo de la demandante, Eratsi Alonso Alvarado, que aparece también como demandante y, $10,000 por perjuicios a Martínez Vallés por hospitalización, atención médica y tratamientos.

El documento jurídico, compara la situación con el caso que libró el proyecto Rocket Learning, en el que la compañía presentó información falsa para facturar por servicios que no fueron proporcionados.

Demanda Pearson – NotiCel _22225