Los bonistas de la controvertible emisión de $3,000 millones realizada en 2008 en la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) demandaron al gobierno en el Tribunal Federal para asegurar el repago de su inversión.

La demanda, encabezada por Altair Global Credit Opportunities y que incluye como demandantes a los fondos de UBS que protagonizaron un escándalo en esta emisión, fue radicada la semana pasada, justo cuando el Departamento de Justicia federal le pidió al juez federal Francisco Besosa que detuviera su consideración de los casos relacionados con la Ley PROMESA hasta que la Junta de Control Fiscal (JCF) comience a operar y pueda decidir cómo manejar la deuda de la Isla.

Precisamente Besosa también tiene ante sí la nueva reclamación relacionada con el retiro y en la que los demandantes han variado un poco sus argumentos en comparación con otras demandas.

Y es que, en el caso de los bonistas de retiro, la alegación es que el gobierno está violando la ley porque no está enviando a los Sistemas de Retiro las aportaciones que se supone que haga por cada empleado. Los demandantes sostienen que, por virtud de la emisión, tienen un derecho exclusivo sobre esas aportaciones como garantía del repago de sus bonos y que el hecho de que las aportaciones no se remitan no sólo violenta la ley que obliga a remitir las aportaciones sino que, además, violenta las disposiciones de la Ley PROMESA que prohiben los movimientos financieros en detrimento de los acreedores.

Según los demandantes, el instrumento para ejecutar esta estrategia fue una orden ejecutiva del gobernador Alejandro García Padilla emitida bajo el palio de la Ley de Moratoria.

El Gobierno es responsable del 59 porciento de las aportaciones y el resto viene de municipios y corporaciones públicas. Estas últimas aportaciones se están haciendo, pero no las del Gobierno. El pago anual de la deuda de retiro es unos $167 millones.

‘Los demandantes tienen la intención de trabajar con la Junta en un esfuerzo de llegar a una solución que beneficie a las partes. Sin embargo, en el interim, el Gobierno no ha reconocido los derechos constitucionales y contractuales de los demandantes y otros acreedores asegurados’, indica el documento radicado el miércoles pasado.

Esta emisión de retiro no sólo fue controversial por la cantidad, más que eso, lo fue por la involucración del banco de inversiones UBS que cubrió varias bases conflictivas entre sí. Por un lado, como consultor de Retiro, recomendaron que se hiciera la emisión, de ahí, como vendedores de bonos, recibieron comisión por esas ventas y, luego, como manejadores de fondos de inversión, resultaron ser de los principales compradores de la emisión.

Demanda sobre bonos de los Sistemas de Retiro – NotiCel_21045