El caso civil que enfrenta Ana Cacho por la custodia de sus dos hijas se mantiene vigente a pesar de que se acusara el martes formalmente a Luis Gustavo Rivera Seijo, apodado ‘El Manco’, como autor del crimen que acabó con la vida del niño Lorenzo González Cacho la noche del 9 de marzo de 2010.
En su declaración escrita, la secretaria del Departamento de Familia (DF), Idalia Colón Rondón, expresó que su agencia aún espera una determinación judicial sobre el cese de esfuerzos, bajo la Ley 246, que rige los procedimientos de maltrato de menores.
‘Son dos procesos independientes, y la determinación en el área criminal en nada incide sobre el proceso bajo una ley especial, como lo es la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores’, indicó Colón Rondón.
A un año de la violenta muerte de Lorenzo, Cacho fue privada de la custodia permanente de sus hijas, entonces de seis y 14 años. LajuezaSonia del Toro, del Tribunal de la Familia y Menores deBayamón, mantuvo además la prohibición de relaciones maternofiliales y con otros miembros de la familia Cacho.
En la decisión de la Jueza, se hacía alusión a una supuesta manipulación a las niñas para mantener un pacto de silencio respecto a lo ocurrido en aquella trágica noche en la urbanización Dorado del Mar.
La sentencia fue emitida como respuesta al caso de maltrato de menores pornegligenciacontra Cacho presentado por Familia, que removió a las hijas de su hogar 21 días después de la muerte de Lorenzo, y luego de hogares sustitutos, pasaron bajo el cuidado de su padreAhmedAlíGonzález.
A mediados del 2015, durante el proceso de juicio civil contra Cacho, el DF solicitó que se le eximiera de realizar cualquier esfuerzo razonable parareunificara la mujer con sus dos hijas entonces de 11 y 18 años, como lo establece la Ley 246. Para ese tiempo, ya Cacho mantenía relaciones con sus hijas yostentabala patria potestad de las menores.
El Departamento de Justicia radicó el martes cargos formales contra RiveraSeijopor el delito de asesinato en primer grado,incriminándoloasí de la muerte del niño Lorenzo. Debido a la orden de mordaza que existe en el caso, la Secretaria de la Familia decidió no ofrecer más expresiones sobre el asunto.
‘El caso se encuentra sometido, y esperamos que en cualquier momento el Tribunal de Familia y Menores emita su determinación’, concluyó.
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