El Gobierno todavía se encuentra evaluando nuevas medidas y enfocándose en las negociaciones de la deuda a medida que se acerca la fecha en que se podría quedar sin dinero.

Así lo dijo el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, quien indicó que se están buscando ‘medidas adecuadas’ para evitar un posible cierre, pero no divulgó cuáles.

‘La situación es delicada’, sentenció.

El Gobierno podría quedarse sin dinero en noviembre. Para mantener el flujo, se han tomado medidas como dejar de pagar reintegros pero Ortiz admitió que las alternativas se están agotando.

En diciembre se vencen aproximadamente $355 millones en deuda del Banco Gubernamental de Fomento, que Ortiz dijo que ‘la intención del Gobierno es pagarlos’. En enero vence también un pago de $331.6 millones obligaciones generales. Otro pago de $780 millones de obligaciones generales se vencen en julio, fecha en que se estima que el Gobierno podría caer en un negativo $500 millones.

Aunque el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz, no descartó un posible cierre parcial, Ortiz dijo que se está trabando para que eso no suceda.

Dijo que ya el Gobernador ha dicho que entre dejar de pagar y dejar de ofrecer servicios, él prefiere mantener los servicios.

De paso, Ortiz dijo que ahora en noviembre se continuarán las negociaciones con bonistas en torno a la deuda, las cuales comenzaron recientemente con una reunión en donde se discutió el plan de ajuste fiscal a cinco anos y la situación del gobierno.

Todavía el Gobierno no sabe cuánto de la deuda total se va a reestructurar aunque sí se ha dicho que serían unos $47 mil millones.

Se supo que no se incluirá la deuda de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la del Fideicomiso de Niños, entre otros.

Ortiz dijo que hay una comisión que está evaluando la deuda y si se debe pagar la deuda extraconstitucional.

Cuando el gobernador Alejandro García Padilla sostuvo que hubo una deuda emitida inconstitucionalmente durante vistas recientes en el Senado federal, se refería a la deuda extraconstitucional, dijo Ortiz.

La deuda extraconstitucional es la cantidad de dinero adeudada por la administración de una instrumentalidad pública, bien sea por servicios recibidos o por préstamos otorgados donde no envuelve el crédito y la buena fe del Gobierno de Puerto Rico, que se sufragan con Aportaciones del Fondo General o con el Fondo de Interés Apremiante (FIA).