El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, denunció el miercoles en el hemiciclo de la Cámara de Representantes federal la disparidad que enfrentan los beneficiarios de Medicare en la Isla.

Pierluisi, denunció el miércoles en el hemiciclo de la Cámara de Representantes federal la disparidad que enfrentan los beneficiarios de Medicare en la Isla.

Reiteró su insatisfacción ante el hecho de que Puerto Rico es la única jurisdicción de Estados Unidos donde los individuos que son elegibles para recibir los beneficios de la Parte A tienen que hacer las gestiones para recibir los beneficios de la Parte B, cuando en los demás estados y territorios es automático.

Pierluisi presentó su proyecto de ley Puerto Rico Medicare Part B Equity Act, el cual busca enmendar esta cláusula que ha afectado negativamente a miles de individuos de tercera edad y discapacitados en la Isla.

‘Mi proyecto enmendaría la ley federal para que en el futuro los beneficiarios de Medicare en Puerto Rico sean tratados igual que sus conciudadanos en cualquiera de las otras jurisdicciones estadounidenses al ser inscritos automáticamente en la Parte B, con la opción de salirse al así desearlo. Por otro lado, reduciría en 85 por ciento la penalidad mensual impuesta, para así aliviar la carga económica de aquellos que se inscribieron tardíamente, la mayoría de las veces por no conocer las consecuencias’, explicó Pierluisi.

‘Finalmente, el proyecto autorizaría un período especial de inscripción donde los beneficiarios que no están inscritos en la Parte B podrían inscribirse pagando un sobrecargo mensual cuya cantidad sería 85 por ciento menos que la penalidad a la que quedarían sujetos bajo la ley actual’, añadió.

Según Pierluisi, Puerto Rico tiene la participación más baja de la nación en la Parte B de Medicare – sólo el 81 por ciento de los beneficiaros están inscritos en la Isla mientras que el promedio nacional es de 92 por ciento. Un mínimo de 130,000 residentes en la Isla están inscritos en la Parte A pero no en la Parte B.

‘Reitero mi insatisfacción ante el hecho de que Puerto Rico es la única jurisdicción de Estados Unidos donde los individuos que son elegibles para recibir los beneficios de la Parte A de Medicare tienen que hacer las gestiones para recibir los beneficios de la Parte B, cuando en los demás estados y territorios es automático’, expresó.

Otro problema de este proceso, enfatizó Pierluisi, es el período de inscripción inicial de un máximo de 7 meses que establece la ley. Si los beneficiarios deciden inscribirse luego de ese período, son obligados a pagar penalidades sustanciales, esto es un incremento de 10 por ciento en la prima mensual de la Parte B por cada año que no ingresó en la misma desde que el período de inscripción inicial terminó. Esa penalidad es permanente, lo cual significa que se sigue pagando mientras el individuo esté inscrito en la Parte B, que puede ser por décadas.

El comisionado residente denunció que el requisito que exige que los puertorriqueños tengan que solicitar ser incluidos a la Parte B de Medicare y la falta de educación e información a los beneficiarios en la Isla ha tenido consecuencias graves y predecibles.

Pierluisi explicó que actualmente 53,000 beneficiarios de la Parte B en Puerto Rico se han inscrito después del término reglamentario de siete meses y están pagando una penalidad de por vida. Estos envejecientes, la mayoría de los cuales son de recursos limitados, están pagando sobre $7 millones al año en penalidades al gobierno federal.

Pierluisi dijo que espera continuar trabajando con sus colegas en la Cámara y el Senado para aprobar esta versión modificada de su legislación bipartita, presentada en el Congreso pasado, hasta convertirla en ley y agradeció el apoyo que ha demostrado el Senador Charles Schumer, quien presentó hoy el mismo proyecto de ley en el Senado federal.

El proyecto de ley Puerto Rico Medicare Part B Equity Act del Comisionado Residente cuenta con coauspiciadores como los representantes José Serrano (Nueva York), Nydia Velázquez (Nueva York), Charles Rangel (Nueva York), Lucille Roybal-Allard (California), Alan Grayson (Florida), Raúl M. Grijalva (Arizona), Madeleine Bordallo (Guam), Eni Faleomavaega (Samoa Americana), y Donna Christensen (Islas Vírgenes).