Grupo de legisladores y candidatos del PPD piden investigación contra Presidente del CEE.

La violación de derechos que ocurrió el domingo pasado cuando los presidentes de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD) acordaron suspender las primarias de sus partidos por falta de materiales electorales en los colegios de votación fue sometida para investigación al Departamento de Justicia federal por un grupo de representantes y candidatos del PPD.

La comunicación hecha hoy implica que ya la Oficina de Ética Gubernamental, el Departamento de Justicia de Puerto Rico y el Tribunal Supremo tienen ante sí querellas que se refieren a la suspensión del ejercicio al voto y a los eventos que llevaron al mismo. La querella federal pide investigar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera, y que se “proteja el derecho de miles de ciudadanos americanos para que todos podamos ejercer nuestro derecho constitucional a votar” en las elecciones.

Los representantes Luis Vega Ramos y Rafael Hernández Montañez, así como los candidatos Enid Monge Pastrana, Pedro Irene Maymí, Carlos Javier Sánchez Román y Ángel Rodríguez Otero suscribieron la carta al secretario de Justicia federal, William Barr, con copia al jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.

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“El licenciado Dávila Rivera está inhabilitado para continuar en cualquier puesto de servicio público, incluyendo un puesto en la judicatura”, dijo Vega Ramos en referencia a que, de renunciar al cargo en la CEE, el presidente entraría a ejercer el puesto de juez superior que también le confirió esta administración. El legislador enfatizó en que, aún con los problemas que ha tenido la CEE, los votantes del PPD y el PNP deben salir a votar en masa este domingo en la reanudación de las primarias, según ordenado por el Tribunal Supremo esta semana.

El grupo establece en la querella que no solo hubo violación a derechos constitucionales relativos al ejercicio del voto, sino que se usaron $800,000 en fondos federales de la Ley CARES para financiar el evento. Estos son fondos que los estados y territorios podían usar con propósito de paliar el impacto de la pandemia y que, en el caso de la primaria, se supone la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) usó para aditamentos higiénicos para los funcionarios de colegio y los electores.

El evento “resultó en un desperdicio de recursos federales”, se alega.

Para ver la querella ante el Departamento de Justicia federal, pulse aquí.