El expresidente egipcio Hosni Mubarak y sus hijos Alaa y Gamal negaron hoy los cargos de apropiación indebida de fondos públicos, durante la primera sesión de un nuevo juicio relacionado con el presupuesto de los palacios presidenciales.

‘Todo lo mencionado por la Fiscalía Pública no sucedió en absoluto y es infundado’, dijo Mubarak en respuesta a las acusaciones leídas por el presidente del Tribunal Penal de El Cairo, Osama Shahin.

Del mismo modo, sus vástagos y otras cuatro personas acusadas en la misma causa negaron ante el magistrado los cargos de malversación de fondos públicos y la falsificación de documentación oficial, según las declaraciones difundidas por los medios oficiales.

La corte decidió fijar el 19 de marzo la próxima sesión del juicio, en el que se imputa a los procesados el robo de alrededor de 125 millones de libras egipcias (unos 18 millones de dólares) de las arcas públicas.

Los otros cuatro implicados son Mohiedin Abdel Jatim y Amr Mohamed, que trabajaban para la Presidencia egipcia; y Abdel Hakim Mansur y Mayid Hasan, empleados en una empresa contratista de proyectos de construcción.

Mubarak está acusado de haber puesto a su nombre propiedades del Estado sin pagar por ellas, e incluir el valor de las mismas -125 millones de libras egipcias- en el presupuesto estatal asignado al Ministerio de Vivienda y al centro de Comunicación de la Presidencia.

La Fiscalía concluyó también que Mubarak y sus hijos usaron dinero público para construir y decorar propiedades inmobiliarias propias en los barrios cairotas de Heliópolis y Katameya, y en las localidades costeras de Sharm el Sheij y Marina, entre otras.

Las construcciones, hechas con el presupuesto asignado a Presidencia, supuestamente se realizaron en el periodo comprendido entre 2002 y 2011, cuando Mubarak fue derrocado tras una revuelta popular.

Mubarak está siendo también procesado junto al exministro de Interior Habib al Adli y seis de sus ayudantes por supuestamente ordenar el asesinato de manifestantes durante la revolución de 2011, un caso por el que recibió una condena a cadena perpetua luego anulada.

Además, el expresidente, sus dos hijos y el empresario fugado Husein Salem se enfrentan a cargos de corrupción, tráfico de influencias y a un presunto delito por la exportación de crudo a Israel a precios supuestamente inferiores a los del mercado.