Desde su campaña electoral, Jenniffer González Colón reiteró que cancelará el contrato con LUMA Energy, pero casi un año después, la empresa sigue al mando, sin fecha ni plan claro para su salida.
Compilación de imágenes de Jenniffer González Colón y Francisco Domenech / NotiCel.
Casi un año después de su llegada a La Fortaleza, la administración de Jenniffer González Colón continúa repitiendo la misma promesa que marcó su campaña: la cancelación del contrato de LUMA Energy.
Pero la realidad parece ser otra: el contrato sigue vigente, los apagones persisten y no hay una fecha, un plan ni un sustituto anunciado para asumir el control del sistema eléctrico del país.
Desde antes de juramentar, González Colón aseguró que su primera tarea como gobernadora sería cumplir con las promesas programáticas de su campaña: suspender el impuesto al inventario, reestructurar el Departamento de Seguridad Pública y cancelar el contrato de LUMA Energy, tema que dominó el debate electoral.
“LUMA se va. Sí, lo doy por hecho. Ese es parte del compromiso programático”, declaró este año, días antes de asumir el cargo.
Ya el 3 de enero de 2025, en su primer mensaje como mandataria, reiteró que cancelar el contrato de LUMA sería su prioridad inmediata.
Muchos se cuestionan: ¿Qué pa pasado? ¿Por qué 10 meses más tarde, la empresa sigue operando la red eléctrica, mientras los apagones, las quejas y la frustración ciudadana se acumulan?
En entrevista con NotiCel el 10 de abril, González Colón afirmó que su administración estaba enfocada en “neutralizar la emergencia energética” antes de proceder con el cambio de operador.
“Una vez neutralicemos y mitiguemos este gran reto de emergencia energética, entonces vamos a la parte de fiscalización… y poder cumplir con nuestra promesa del cambio de quién va a ser el operador”, dijo la mandataria en aquel entonces.
Ese mismo mes, anunció la creación de la figura del zar de Energía, a cargo del ingeniero Josué Colón Ortiz, para fiscalizar el cumplimiento del contrato de LUMA.
Pero, pese a la insistencia, no presentó un calendario ni un proceso concreto para la cancelación.
El 9 de octubre, la gobernadora pidió al Departamento de Justicia investigar si LUMA violó su contrato al reducir brigadas nocturnas sin aviso.
“No se justifica que, habiendo generación suficiente, decidan interrumpir el servicio selectivamente”, expresó desde la Central Palo Seco, donde también anunció la reactivación de la Unidad 4, que añadió 216 megavatios al sistema.
El 10 de octubre, LUMA reaccionó responsabilizando a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por incumplir con los depósitos mensuales acordados, lo que —según la empresa— afectó inventario, reparaciones y respuesta a emergencias.
Luego, el 21 de octubre, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, aseguró que el proceso de cancelación comenzaría en diciembre, condicionado a que el Tribunal Federal desestimara un recurso legal presentado por LUMA para detener la mediación.
Hasta la fecha, la jueza Laura Taylor Swain no ha emitido decisión, y el gobierno no ha explicado quién asumiría el control del sistema si LUMA se va.
Cuatro días después, el 25 de octubre, González Colón rechazó el reclamo de LUMA sobre falta de fondos y arremetió contra la empresa.
“El gobierno de Puerto Rico, luego que contrajo matrimonio con este limón, ha estado subvencionando anualmente con millones de dólares, más de $800 millones, y en cinco años no han dado pie con bola”, sentenció.
También afirmó que LUMA mantiene más de $700 millones en fondos federales sin reclamar y que nuevas transferencias podrían afectar el proceso de quiebra de la AEE.
El pasado 11 de noviembre, el asesor de Asuntos Legislativos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, volvió a insistir en que “LUMA se va” sigue siendo una promesa firme del gobierno.
“Se ofrece en el programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista y de la gobernadora Jenniffer González Colón sacar a LUMA. Se lo prometimos y eso lo vamos a cumplir”, declaró.
Peña Payano destacó que las Leyes 1 y 2 de 2025 atienden el asunto energético y que la administración ha promovido inversiones en placas solares y un aumento en la capacidad generatriz.
Sin embargo, al igual que el gobierno al cual representa, este falló en precisar fechas y pasos concretos, repitiendo el mismo mensaje que el PNP ha sostenido desde la campaña.
Mientras tanto, LUMA sigue operando el sistema eléctrico, cobrando fondos públicos y gestionando proyectos federales de reconstrucción.
La empresa, incluso, ha exhortado a los funcionarios “a dejar el pasado atrás” y presume “áreas de progreso real” en la red eléctrica, mientras los abonados continúan reportando apagones diarios.
A once meses de gestión, el contraste entre palabra y acción es evidente:
¿El resultado? Una promesa de gobierno que se ha quedado en discursos y titulares, mientras el país sigue pagando por un servicio deficiente y con más incertidumbre que nunca sobre su futuro energético.
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