Empresas alegan que el funcionario Pedro Guevara ofreció información contradictoria sobre los límites de la instalación y señalan deficiencias en las inspecciones y el monitoreo de contaminación.

Hacienda Campo Rico y Caribbean Golf Academy presentaron un memorial ante la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado en el que cuestionan las declaraciones de Pedro Guevara, director de la División de Permisos de la Oficina de Cumplimiento del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), sobre la expansión y operación del vertedero de Carolina.

Luis Rivera Ortiz, presidente de ambas compañías, alegó que el funcionario ofreció versiones contradictorias sobre los límites del vertedero, la extensión del área impactada y el tiempo autorizado para operar la instalación. Según el empresario, las cifras mencionadas sobre la expansión incluyen cinco, diez y 7.65 cuerdas.

El memorial de 28 páginas cuestiona, además, la expansión de la celda C hacia la Zona de Amortiguamiento de 35 cuerdas, que Rivera Ortiz describió como un terreno de alto valor ecológico vinculado al Área de Planificación Especial del Bosque Estatal de Piñones.

El empresario sostuvo que extender la huella del vertedero requiere un proceso que incluya una Declaración de Impacto Ambiental y no puede autorizarse mediante la renovación del permiso.

Cuestionan los límites e inspecciones

Rivera Ortiz afirmó que no existen mensuras confiables que permitan corroborar que el vertedero opera dentro de los límites autorizados. Citó declaraciones juradas de 2024 en las que representantes del Municipio de Carolina y de Landfill Gas Technologies LLC indicaron que no conocían documentos con los límites o las coordenadas de la celda C.

También señaló que, aunque funcionarios del DRNA han indicado que realizan inspecciones trimestrales, ante el Senado solo constan cuatro. Por ello, solicitó que se requiera el registro completo de inspecciones desde 2019.

Sobre la contaminación, sostuvo que el expediente contiene un solo evento de muestreo de aguas subterráneas, realizado en abril de 2022, cuando se detectó arsénico en el pozo CW-3 y su duplicado. Añadió que no constan otros muestreos posteriores ni resultados de análisis de lixiviados, pese a que, según afirmó, existen registros de episodios de contaminación.

Reclaman protección de la zona cárstica

Rivera Ortiz también cuestionó lo que considera un trato desigual del DRNA en la protección del carso, al comparar el caso del vertedero con situaciones en San Sebastián y Cabo Rojo en las que, según dijo, se prohibieron construcciones por estar en zonas cársticas.

El empresario afirmó que la agencia tiene la responsabilidad de velar por la Zona de Amortiguamiento y reiteró que no se opone a la operación del vertedero si cumple con las leyes y reglamentos, pero sí a su expansión por el valor ecológico del terreno y el posible impacto sobre su negocio ecoturístico.