Estas personas no se identifican ni como hombre ni como mujer y, durante la Administración Pierluisi Urrutia, demandaron para que el certificado de nacimiento de la isla proveyera una alternativa para identificarse.

Por solicitud de la Administración González Colón, el Primer Circuito de Apelaciones de Boston revocó la orden que emitió una jueza federal en la isla para que el Registro Demográfico añadiera una opción de “x” en los certificados de nacimiento que pudieran usar las personas de la comunidad no binaria para identificarse.

Estas personas no se identifican ni como hombre ni como mujer y, durante la Administración Pierluisi Urrutia, demandaron para que el certificado de nacimiento de la isla proveyera una alternativa para identificarse.

En mayo de 2025, la jueza María Antongiorgi Jordán concedidó la solicitud al concluir que “no hay base racional para denegar el reclamo de los demandantes”. La jueza razonó que “las personas no binarias existen” y que el estado no tenía justificación razonable para que el certificado de nacimiento no los reconociera. Esto, añadió, constituía una distinción arbitraria contra las personas no binarias y un trato desfavorable frente a las personas binarias que sí podían escoger entre las alternativas de “hombre” o “mujer” en su certificado de nacimiento.

La jueza observó que 17 estados y otros países ya habían reconocido la alternativa de una “x” para la comunidad no binaria.

Este punto de la cantidad de estados que tienen esa política jugó un rol en la decisión del apelativo, pero en el sentido contrario. Diecinueve estados, y la legislatura de Arizona, comparecieron como amigos de la corte para argumentar a favor del gobierno de Puerto Rico en su petición de que se revocara la sentencia. En su escrito, señalaron que son 34 estados los que están en una posición similar a la de Puerto Rico en cuanto a que sus certificados de nacimiento no proveen para una opción “x”. Pidieron que se respete la capacidad que tiene cada uno para determinar cómo mejor atender esa controversia en vez de estar sometidos a que un juez federal declare inconstitucional la práctica de no reconocer esa opción.

La intervención de los estados la encabezó el secretario de Justicia de Idaho, el puertorriqueño Raúl R. Labrador, quien fue congresista republicano y tiene lazos políticos tanto con la gobernadora Jenniffer González Colón como con el Partido Republicano local.

El Senado de Puerto Rico también compareció a favor de la posición de la gobernadora, mientras que otras 11 organizaciones comparecieron a favor de la posición de los seis demandantes miembros de la comunidad no binaria.

El panel de jueces apelativos, -Sandra Lynch, David Barron y Lara Montecalvo-, no entró a dirimir principios de debido proceso ni libertad de expresión porque la jueza Antongiorgi Jordán tampoco lo hizo en su decisión. Se limitaron a concluir que lo que la jueza había considerado constitucionalmente irrazonable, ellos lo encontraban constitucionalmente razonable. Específicamente, que era razonable que no se permitiera que la comunidad no binaria enmendara su certificado con una tercera opción en la sección de género, a pesar de que el registro sí permite que una persona transgénero que tuviera un certificado bajo masculino o femenino puede obtener una enmienda para cambiarse al otro género.

Vea:

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