Como hizo con el anterior secretario, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz convirtió el contrato de salud correccional, que mantiene una empresa propiedad de donantes políticos suyos, en el eje de sus cuestionamientos durante la vista de evaluación del nombramiento de la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Julie Gómez Gómez.

La funcionaria quedó confirmada horas después de la vista, a la que acudió en apoyo el presidente cameral, Carlos Méndez Núñez. La delegación del Partido Popular Democrático también votó a su favor.

“Todavía no entiendo cuál es la obstinación de cancelar el contrato con Physician (Correctional, o PC)”, expresó el presidente senatorial durante la vista en referencia a la pugna que la agencia tiene con ese suplidor, al que se le canceló su contrato, pero que se mantiene dando servicios mes a mes debido a que la cancelación está sometida en el tribunal por una demanda que presentó la compañía. Rivera Schatz añadió que este es un “pleito incomprensible”.

PC es propiedad de Raúl Villalobos Díaz, cuyos hijos aparecen registrado en el grueso de las aportaciones que la familia ha realizado a favor de candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP), incluyendo a Rivera Schatz. Como parte de su campaña eleccionaria, la gobernadora Jenniffer González Colón prometió que cancelaría el contrato de casi $74 millones con el que la empresa provee servicios médicos a la población correccional. Esto debido a su involucración con el trámite que desembocó en a liberación del confinado Hermes Ávila Vázquez por supuesta paraplejía, aunque el hombre luego cometió su tercer feminicidio y apareció caminando normal.

Al principio de la administración actual, la empresa adquirió los servicios de Politank, empresa de cabildeó que fundó el exsecretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández. El estado actual es que ni el tribunal ha emitido decisión final sobre la cancelación, ni la agencia ha terminado el proceso de escoger al sustituto de PC.

Durante la vista, Gómez Gómez fue objeto de presión, tanto de Rivera Schatz como del vicepresidente, Carmelo Ríos Santiago, para que asumiera posición sobre la cancelación del contrato, pero se escudó constantemente en que era un asunto que estaba pendiente en el tribunal. Después de resaltar unas supuestas condecoraciones de la empresa y de notar que siguen prestando servicios mes a mes, Rivera Schatz preguntó “si hoy están siendo atendidos correctamente en términos de salud la población penal. Sí o no”. Gómez respondió que “la población correccional está siendo atendida”. Esa población asciende actualmente a 7,216.

Gómez Gómez comenzó en la agencia en el 1999 como Técnica de Servicios Sociopenal y ha ocupado varias posiciones allí desde entonces. Posee un bachillerato en Sociología y una maestría en Planificación con concentración en Planificación Social de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Además, obtuvo un Juris Doctor summa cum laude y una maestría en Derecho con concentración en Métodos Alternos para la Solución de Conflictos y Litigación. En 2024 completó un doctorado en Educación con concentración en Liderazgo Organizacional y actualmente cursa un doctorado en Filosofía con concentración en Justicia Criminal.

Como plan de trabajo, Propuso comenzar con un diagnóstico de la infraestructura, los servicios, la alimentación, la seguridad y las condiciones laborales; continuar con reformas que fortalezcan los protocolos, modernicen la administración, amplíen los programas educativos y ocupacionales y fomenten la coordinación interagencial; y culminar con métricas de resultados, rendición de cuentas y transparencia.

La funcionaria dirige la agencia de manera interina hace menos de un mes, cuando se hizo efectiva la renuncia del secretario Francisco Antonio Quiñones Rivera, quien también enfrentó cuestionamiento de Rivera Schatz sobre el contrato de salud correccional durante la evaluación de su nombramiento.

Además del de Gómez Gómez, el Senado evaluó el lunes en vista pública las designaciones de las licenciadas Ilsa I. González Rivera y Marieli Paradizo Pérez para juezas superiores, esta última en ascenso. El Senado confirmó a ambas en la sesión de la tarde.