La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley este jueves, tres medidas que incorporan la inteligencia artificial a la capacitación en ciberseguridad del gobierno, integran la agricultura al Programa Contacto Verde y garantizan el pago total de la matrícula en instituciones públicas de educación superior para familiares de policías estatales y municipales fallecidos en el cumplimiento del deber.

La Ley 140-2026, originada por el Proyecto de la Cámara 824, dispone que el programa virtual y los cursos de educación continua establecidos por la Ley de Ciberseguridad del Gobierno de Puerto Rico incluyan el tema del uso de la inteligencia artificial.

Además, los cursos deberán abordar asuntos relacionados con privacidad, seguridad de sistemas, manejo de datos, prevención de ataques cibernéticos y uso responsable de nuevas tecnologías para oficiales de información y servidores públicos.

Según La Fortaleza, la Oficina de Ética Gubernamental respaldó la medida al entender que la inclusión de la inteligencia artificial fortalece las capacidades del personal gubernamental para utilizar esas tecnologías de forma responsable, ética y segura.

Entretanto, la Ley 141-2026, procedente del Proyecto del Senado 879, enmienda la Ley del Programa Contacto Verde para integrar la agricultura a las gestiones educativas y de contacto con la naturaleza.

Con esa enmienda, el Departamento de Agricultura se incorpora al programa junto con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Departamento de Educación para ampliar las oportunidades de enseñanza de destrezas agrícolas, atender los retos climáticos, fortalecer la seguridad alimentaria y promover el relevo generacional en ese sector.

Por otra parte, la Ley 142-2026, que surge del Proyecto del Senado 893, aclara que el beneficio educativo existente para familiares de policías estatales o municipales fallecidos en el cumplimiento del deber cubre la totalidad del costo de matrícula en instituciones públicas de educación superior de Puerto Rico.

Dicho beneficio aplicará al cónyuge supérstite mientras permanezca en estado de viudez, a los hijos menores de 21 años y a aquellos de hasta 25 años que cursen estudios postsecundarios. También cobijará a las familias de policías fallecidos por condiciones de salud o accidentes relacionados con sus funciones, o fuera de servicio cuando la muerte ocurra como consecuencia de intervenir para evitar la comisión de un delito.

Finalmente, la ley ordena al Superintendente de la Policía, en coordinación con los comisionados de las policías municipales y la administración de la Universidad de Puerto Rico, elaborar, revisar o modificar la reglamentación correspondiente dentro de un término de 150 días.