Una de las nuevas leyes incorpora a la Rama Judicial a las disposiciones sobre filas de servicio expreso y turnos prioritarios para adultos mayores y personas con diversidad funcional.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Ley 98-2026, que prohíbe reportar deudas médicas a las agencias de crédito y limita prácticas de cobro relacionadas con este tipo de obligaciones.

La medida busca evitar que personas con deudas por tratamientos o servicios médicos sufran consecuencias en su historial crediticio debido a situaciones fuera de su control.

También se convirtió en ley la Ley 99-2026, que incorpora a la Rama Judicial a las disposiciones sobre filas de servicio expreso y turnos prioritarios para adultos mayores y personas con diversidad funcional. La legislación requiere que los tribunales adopten sistemas accesibles y programas de capacitación para garantizar una atención adecuada a estas poblaciones, sin alterar la facultad de los jueces para establecer calendarios y prioridades procesales.

En el área de salud, la Ley 100-2026 autoriza la expedición de licencias provisionales a tecnólogos radiológicos y tecnólogos en radioterapia que hayan sido admitidos para tomar por primera vez la reválida profesional. La medida intenta atender la escasez de estos especialistas en Puerto Rico y permitirá que trabajen bajo supervisión profesional mientras completan el proceso de licenciamiento.

La gobernadora también firmó la Ley 101-2026, que ordena incluir un enlace directo al Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores en el portal principal del Gobierno de Puerto Rico para facilitar el acceso ciudadano a esta información.

Además, aprobó una resolución para designar el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Culebra con el nombre del doctor Luis Manuel “Mañé” Collazo Romero, en reconocimiento a su trayectoria y aportación al sistema de salud de la isla municipio.

Por otra parte, González Colón vetó el Proyecto del Senado 769, que proponía crear el Instituto de Desarrollo e Innovación en Inteligencia Artificial de Puerto Rico. Aunque respaldó el objetivo de fomentar la innovación tecnológica y el desarrollo de la inteligencia artificial, sostuvo que la medida creaba nuevas obligaciones fiscales y beneficios contributivos incompatibles con el plan fiscal vigente y con los principios de neutralidad fiscal que rigen actualmente las finanzas públicas del gobierno.