Suman 1,200 megavatios de energía.

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) de la Junta Reglamentadora de Servicio Público aprobó varios contratos para el desarrollo de nuevos proyectos de energía solar fotovoltaica y sistemas de almacenamiento en baterías, como parte del proceso acelerado para evaluar propuestas de energía renovable y almacenamiento dirigido a aprovechar los créditos contributivos federales (ITCs).

La aprobación incluye proyectos propuestos por tres desarrolladores distintos. Entre ellos figura un proyecto de almacenamiento en baterías de 60 megavatios (MW) en Hatillo; un proyecto de energía solar fotovoltaica de 25 MW en Juana Díaz; y un portafolio de once proyectos híbridos de energía solar y almacenamiento distribuidos en varios municipios, entre ellos Moca, Guayama, Salinas, Santa Isabel, Juana Díaz, Naguabo, Sabana Grande y Quebradillas.

En conjunto, estos proyectos representan aproximadamente 523 MW de capacidad solar y 599 MW de almacenamiento en baterías.

La Resolución y Orden se emitió en el contexto de la Orden Ejecutiva OE-2025-047, que enmendó y amplió la emergencia energética y autorizó medidas extraordinarias para acelerar la evaluación y aprobación de proyectos de energía renovable y almacenamiento que cualifiquen para los ITCs.  La aprobación de estos proyectos garantiza la utilización de estos créditos contributivos disponibles.

Según se establece en la Resolución y Orden, el Negociado concluyó que los contratos presentados cumplen con los requisitos regulatorios aplicables y contribuyen al proceso de transformación del sistema eléctrico de la Isla.  El Negociado determinó además que la incorporación de estos recursos no es inconsistente con el Plan Integrado de Recursos.

Asimismo, el Negociado concluyó que los precios propuestos para los proyectos son razonables y consistentes con las condiciones actuales del mercado y con los proyectos previamente aprobados bajo procesos competitivos de adquisición. La determinación también reconoce que el desarrollo oportuno de estos proyectos podría permitir que las instalaciones cualifiquen para créditos contributivos federales, lo que podría representar beneficios económicos para los consumidores.

Como parte de la aprobación, el Negociado ordenó ciertas modificaciones contractuales para uniformar disposiciones entre los proyectos, incluyendo ajustes al término de terminación automática de los contratos.