Inspectores encontraron que el aprovechamiento de los estudiantes se afectó porque no se dieron todos los servicios contratados con fondos asignados por la pandemia.

La Oficina del Inspector General (OIG) Departamento de Educación federal (DOE) concluyó en una auditoría que el Departamento de Educación (DE) “derrochó” fondos federales relacionados con la pandemia mediante un contrato concedido a una exsecretaria de la agencia y bajo el cual no se hicieron todos los trabajos pactados.

La auditoría del martes pasado se centra en el contrato por $3.9 millones otorgado en junio de 2023 a la empresa Global Education Exchange Opportunities, Inc., de la exsecretaria Odette Piñeiro Caballero. Bajo el mismo, se supone que se realizaran cuatro evaluaciones a unos 260,000 estudiantes de grados 1 al 12 cada 10 semanas entre octubre de 2023 y marzo de 2024 con para determinar aprovechamiento en cinco materias: inglés, español, matemáticas, ciencia y estudios sociales. Se supone que con cada evaluación, los maestros debían ajustar sus planes para atender de manera más inmediata rezagos, o diagnosticar necesidades, relacionadas con los efectos educativos de la pandemia.

Pero los inspectores encontraron que dos de las evaluaciones se realizaron tarde y las otras dos ni se realizaron, pero aún así el contrato se pagó completo. Además, que el DE no desarrolló métodos para que los maestros recibieran el resultado de las evaluaciones y las pudieran convertir, efectivamente, en estrategias educativas.

El contrato ocurrió bajo el primer turno en la secretaría del actual secretario, Eliezer Ramos Parés. El área de la agencia que lo tramitó y que se supone lo supervisara fue la subsecretaría para Asuntos Académicos y Programáticos, que entonces la ocupaba el actual senador, Ángel Toledo López.

La recomendación de la OIG, entre otras, es que la agencia federal recupere de su contraparte estatal el costo total del contrato. En su segundo turno al frente de la agencia, Ramos Parés contestó aceptando que no se debieron haber pagado los $1.4 millones correspondientes a las dos evaluaciones que no se hicieron, pero rechazó que proceda recuperar la totalidad de los $3.9 millones. Aceptó también que, de los 260,000 estudiantes que cubría el pacto con la empresa de Piñeiro Caballero, solo se evaluaron unos 145,000. Afirmó que no podían recuperar costos por servicios que la empresa rindió, aunque no fuera en el momento o la forma exacta que decía el contrato. La empresa cooperó con la auditoría y le probó a los inspectores que había puesto a disposición del departamento el resultado de las evaluaciones que llegó a realizar.

La OIG ripostó indicando que el mismo contrato proveía para que la agencia no pagara el trabajo no realizado y para que monitoreara el desarrollo de las evaluaciones, pero que habían puesto a cargo del monitoreo a una persona sin el peritaje necesario para eso.

Como parte de su examen, la OIG se trasladó a la isla de marzo a septiembre de 2025 para, entre otras gestiones, entrevistar a 26 maestros de Aibonito, Bayamón, Dorado, Loíza, Morovis, y Santa Isabel que se supone se beneficiaran de las evaluaciones a sus estudiantes. Solo siete de estos dijeron que recibieron algún adiestramiento sobre cómo acceder a los resultados de las evaluaciones y cómo usarlos para atender las necesidades de sus estudiantes. Los resultado que se entregaron, lo fueron entre dos y cinco meses más tarde de la fecha estipulada, lo que obró en contra de su utilidad para los maestros.

“Concluimos que el uso de $3.9 millones en fondos ARP ESSER para las evaluaciones de las semanas 10 y 20, y evaluaciones alternas, fue un despilfarro porque los servicios requeridos contractualmente se realizaron tarde, o no se realizaron, y que los maestros no recibieron los datos a nivel de estudiante que necesitaban para aquilatar a tiempo el aprovechamiento académico en materias clave y para implementar acciones correctivas apropiadas antes de que terminara el año escolar 2023-2024”, indica la auditoría.

Aunque hubo entrega tardía y falla en el monitoreo, la auditoría consigna que hubo intervención directa de la exsecretaria, Yanira Raíces Vega, para autorizar que la empresa realizara servicios fuera del ámbito del contrato sin enmendarlo por escrito. En parte, por presión para usar los fondos federales antes de que expiraran. “El DE debió enmendar el contrato por escrito para cumplir con los requisitos aplicables”, consigna el documento.