El lugar, que administra el padre de un exfuncionario de gobierno, figura en las actividades de campañas de políticos, aunque sus residentes siguen denunciando abandono.

Las personas mayores de edad que residen en el condominio Leopoldo Figueroa de Río Piedras son buenas para las fotos de políticos en campaña. Para lo que no son buenos es para que esa atención de los políticos se traduzca en servicios sociales básicos o condiciones aceptables de limpieza.

El país centró su atención en el edificio de 240 apartamentos el miércoles pasado después de que dos residentes, Miguel Mercado Bruno, de 72 años, y Vicente Cruz, de 66 años, fueran encontrados muertos en sus respectivas unidades el mismo día. Al primero se le encontró en estado de descomposición y al segundo lo encontró una amiga que decidió visitarlo después de, precisamente, escuchar las noticias sobre el primer occiso. Hasta ahora, se ha dicho que murieron de causas naturales.

Con la movilización de funcionarios y de prensa que provocaron los hallazgos, varios residentes aprovecharon para denunciar las condiciones de falta de limpieza en apartamentos y áreas comunes, así como la falta de trabajadores sociales y ama de llaves y la desatención del director de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Alejandro Salgado. A la vez, resaltaron que entidades privadas como La Fondita de Jesús y El Comedor de la Kennedy, del chef Iván Clemente, les proveen alimentos.

“Él habla en la televisión, pero no atiende a nadie”, dijo una residente a las espaldas de Salgado mientras este atendía a la prensa. El funcionario no estuvo disponible para NotiCel. “Si esto hubiese sido así todo el tiempo, muchas cosas que han pasado aquí no hubieran sucedido”, dijo otro residente a la prensa en referencia a la movilización de funcionarios después de las muertes, y a la presencia del administrador del lugar, Ramón Rosario de la Cruz, padre del exsecretario de Asuntos Públicos, y abogado del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ramón Rosario Cortés.

A través de la empresa A&M Contract, Inc., Rosario de la Cruz administra una veintena de proyectos de vivienda pública, incluyendo el Leopoldo Figueroa, sobre el que se desarrolló una controversia entre el empresario y Salgado en cuanto a si era o no una égida. Esto, a pesar de que la palabra “égida” está en el letrero que anuncia el nombre del proyecto.

“Esto es una égida, esto no es un asilo”, dijo Rosario de la Cruz a Noticentro para justificar que el mantenimiento que se le da a los apartamentos no puede ser diario y para apuntar que la limpieza de los mismos recae principalmente en los residentes “que se pueden valer por sus propios mecanismos”. A la vez, subrayó que el condominio “es una égida, no es un residencial”, para rechazar las quejas de los residentes y las observaciones de la prensa sobre las condiciones en las que se encontraban áreas comunes y cómo en las mismas hay, por ejemplo, animales realengos.

El mismo día, Salgado afirmó que “la égida tradicional que se conoce, un centro que brinda servicios a las personas envejecientes, no lo es”. La realidad, según dijo el funcionario, es que la Administración Pierluisi pidió cambiar la designación del proyecto en 2021 para asignar unidades a residentes mayores de 62 años y así cumplir con el nivel de inventario de vivienda que necesitaban para adultos mayores.

Rosario de la Cruz aceptó que “la égida se supone sean de 62 (años) o más, pero yo no hago la selección, solo la ocupación”. Especificó que la selección de residentes la hace AVP.

“Égida” también le llamó la comisionada residente, y candidata a la gobernación del PNP, Jenniffer González Colón, cuando la visitó en enero durante su campaña primarista y publicó retratos donde aparece con libreta en mano escuchando las “frustraciones” de los residentes.

“No pueden acceder a ciertos servicios por falta de movilidad, como los apagones les afectan sus enseres y las máquinas de muchos enfermos, hace falta visitas de personal de salud como enfermeras o asistencia para residentes bien mayores (sic)”, dijo en sus redes sociales.

Otro político, también del PNP, que hizo parada de campaña en la égida fue el exrepresentante, ahora senador, Juan Oscar Morales. En 2019 destacó que le había conseguido a los residentes la instalación de una parada de guaguas frente a su edificio y en 2020 se tomó fotos repartiéndole artículos relacionados a la pandemia.

La égida fue protagonista también de la elección especial de 2022 con la que Morales pasó de la Cámara de Representantes al Senado en sustitución de Henry Neuman. Esto, porque el cartero Christian Benny Díaz Nieves enfrenta una acusación federal por no entregar a residentes de la égida 22 sobres con papeletas de voto adelantado o voto ausente para esa elección especial.

Pasado el impacto inicial por las dos muertes, quedaron dos gestiones oficiales relacionadas con la égida, o residencial, Leopoldo Figueroa: una investigación que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia pidió a la AVP y otra que decidió encaminar Carmen Delia Sánchez, procuradora de las personas de edad avanzada. Preliminarmente, esta funcionaria dijo que 189 de las 240 unidades están ocupadas por adultos mayores y que A&M Contract tiene solo un trabajador social para atender los proyectos de vivienda que maneja.

La empresa, fundada en 2009, es uno de los 10 agentes administradores privados que atienden las unidades de vivienda pública alrededor de toda la isla. Una lista que hasta hace poco incluía a la convicta American Management and Administration, Corp., propiedad del primo del gobernador, Walter Pierluisi Isern.

Los agentes administradores cobran una tarifa por su gerencia, pero también manejan los fondos federales asignados para servicios y mantenimientos en las unidades que tienen a su cargo. Esto incluye la obligación de celebrar subastas para la adjudicación de proyectos. En 2021, el Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto una subasta que hizo A&M para mantenimiento de ascensores porque “sin ofrecerse explicación alguna al anunciarse la correspondiente adjudicación, no se escogió al licitador más económico”.

Además de su acuerdo para servir como agente administrador, A&M refleja en el registro de contratos de la contraloría un acuerdo vigente por $150,000 para proveer refugios de emergencia si fuera necesario. Ese contrato lo ha tenido anualmente desde que Pierluisi Urrutia llegó a la gobernación en 2021. También, tuvo otro por $29,214 para dar adiestramiento y consultoría en administración de condominios a los residentes del complejo de vivienda pública Ramíres de Arellano en Mayagüez.