Fuentes de NotiCel indicaron que desde Justicia, una fiscal cercana a la mandataria, dejó saber a Fortaleza de las intenciones de Dennise Longo Quiñones con el trámite de los referidos el viernes.

El Departamento de Justicia tiene encaminadas 16 investigaciones sobre posibles violaciones de ley por parte de funcionarios públicos y que desembocarían en referidos a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) antes de las elecciones generales. Esto incluye las seis investigaciones objeto de controversia esta semana cuando la secretaria de Justicia interina, Wandymar Burgos Vargas, ordenó el lunes que una agente de su departamento se retirara de las inmediaciones de la OPFEI sin entregar esos seis referidos, justo antes de entregarlos.

La información fue confirmada a NotiCel por fuentes vinculadas al trámite investigativo ayer, cuando, por órdenes de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, Justicia completó el trámite de entregar los referidos en la OPFEI y se comprometió a entregar las cajas de evidencia que sustentan los referidos en esta semana. Con los referidos finalmente en su poder, la OPFEI tiene que decidir cómo manejar las dudas que se levantan sobre la integridad de los mismos, debido al trámite irregular que tuvieron. Entre las alternativas están que los Fiscales Especiales Independientes (FEI) verifiquen la integridad con los fiscales que hicieron las investigaciones en Justicia o, incluso, que el trámite irregular sea parte del ámbito de la investigación criminal, además de los hechos en los referidos.

Estas investigaciones ya fueron objeto de la notificación obligatoria que Justicia tiene que hacer a la OPFEI cuando inicia una investigación preliminar contra cualquiera de los funcionarios gubernamentales principales a los que les aplica la ley de la OPFEI. Por tanto, ya hay un documento oficial con fecha que dice cuándo se inició la investigación y quiénes son los funcionarios investigados.

Las fuentes no precisaron quiénes son los funcionarios públicos de alto nivel que son objeto de las investigaciones ni los hechos por los cuales se les investiga, pero se conoce que, de los 16, la exsecretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, tramitó seis el viernes pasado en horas de la tarde después de que se le despidiera y mientras el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, esperaba por su carta de renuncia.

De los seis que Longo Quiñones completó el viernes, y que la agente Agneris Valentín fue a entregar a la OPFEI el lunes, cuatro contenían recomendación de que no se designara a un FEI y dos recomendaban la designación de un FEI. Esos seis referidos abarcan a unos 13 funcionarios, dijo Longo Quiñones.

En cuanto a dos referidos que implican a la Gobernadora y a otras personas cercanas a su figura, uno de ellos surgió de una querella anónima y tiene recomendación de que no se nombre a un fiscal. Otro tiene recomendación de nombramiento de fiscal y fue resultado de una querella de los representantes populares Rafael “Tatito” Hernández y José “Conny” Varela centrada en los posibles delitos que hubo cuando Vázquez Garced despidió a la secretaria de la Familia, Glorimar Burgos Andújar, después de que ésta denunciara la manipulación política de la repartición de ayudas federales para favorecer a la senadora novoprogresista Evelyn Vázquez, quien es aliada política de la Gobernadora y de Rivera Schatz y busca una candidatura por acumulación en las primarias. Específicamente, las fuentes indicaron que el referido abarca la posible aplicación de dos incisos del Nuevo Código Anticorrupción (2018) que protege a los delatores de actos de corrupción y castiga las represalias en su contra. Este referido involucra también a Pabón Batlle.

Según una consulta que Longo Quiñones hizo a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), una tercera investigación que podría involucrar a la Gobernadora y su círculo más cercano en la Fortaleza es la relativa a la compra de pruebas rápidas de COVID-19. En esa, Longo Quiñones estaba inhibida porque potencialmente involucra a su madre, la exsecretaria de Salud interina, Concepción Quiñones de Longo. La exsecretaria de Justicia habló de un séptimo informe que evaluó el viernes pasado y que no se refirió porque a los fiscales del Departamento de Justicia les faltaba tomar al menos una declaración jurada adicional. No está claro si ese séptimo informe sería el relacionado a la compra de pruebas o es el que atiende el manejo del almacén de Ponce del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres ya que la exfuncionaria le dijo al periodista David Begnaud que entre los seis referidos no había ninguno que involucrara al entonces designado secretario de Estado, ya nombrado en propiedad, Elmer Román, cuando se sabe que Román es uno de los funcionarios que son objeto de la pesquisa del almacén, según se desarrolló en la Cámara de Representantes. Según Begnaud, Longo Quiñones le dijo que la Gobernadora también es objeto de una investigación por ese manejo del almacén en Ponce.

La recomendación de Justicia de que no se designe a un FEI es irrelevante porque la ley establece que la OPFEI tiene facultad de realizar su propia investigación, y hasta presentación de cargos, sin importar si Justicia determinó que no había causa en una investigación preliminar. Por tanto, el referido que implique a la Gobernadora y que Longo Quiñones, o su sucesora, determinen que no tendrá una recomendación de nombramiento de fiscal, puede ser reinvestigado por la OPFEI. De ordinario, Justicia tiene 90 días para completar su investigación preliminar, después de notificar a la OPFEI del inicio de la misma. Incluso, algunas de las materias que Justicia referiría a la OPFEI, ya están en esa oficina por otra vía. Por ejemplo, ya la OPFEI designó a la exjueza Crisanta González Seda para investigar el referido que le hizo la Cámara de Representantes sobre las compras de pruebas rápidas.

Por esto es que quedaron huecos los reclamos de la Gobernadora ayer de que la destituida Longo Quiñones pudo hacer algo con los referidos “a la carrera y a oscuras” en las horas que pasaron entre el pedido de renuncia y la entrega de su carta de dimisión.

Esa no fue la única expresión de la Gobernadora en conferencia de prensa que chocó con los hechos. La mandataria, por ejemplo, también presentó como evidencia de “politiquería” el que se comente que la Cámara de Representantes inicie un proceso de residenciamiento en su contra por la destitución de Longo Quiñones cuando, por imposición de la Constitución del Estado Libre Asociado, es la Cámara el cuerpo legislativo que inicia ese proceso de juicio político. Además, la propia Gobernadora impugnó la primera versión que ofreció el sábado cuando dijo que era “totalmente falso” que la salida de Longo Quiñones se debiera por “desavenencias por alguna pesquisa”, pero entonces ocupó casi toda la conferencia ayer explicando que pidió la renuncia porque entendió que Longo Quiñones se involucró en investigaciones relacionadas al Departamento de Salud en las que se supone que estuviera inhibida.

En otro giro, la Gobernadora fustigó a la exsecretaria por involucrarse en casos de su madre en los que se supone estuviera inhibida cuando la propia mandataria, siendo Secretaria de Justicia, fue procesada precisamente por involucrarse en un caso que involucraba a su hija, cuando se supone estuviera inhibida. Finalmente, la Gobernadora denunció que Longo Quiñones le violó el “debido proceso de ley” por no darle la oportunidad de llevar su versión a los fiscales. “A las tarjetas de investigación no se le notifica de la investigación”, le ripostó Longo Quiñones al subrayar una regla general de las investigaciones.

La salida de Longo Quiñones luce como un golpe a un círculo de funcionarias del Departamento de Justicia que son cercanas a la Gobernadora. Del informe senatorial sobre el nombramiento de Longo Quiñones en octubre de 2019 se desprende que la investigación de campo sobre su trayectoria comprendió entrevistas a Grisell Santiago, entonces subsecretaria de Justicia bajo Vázquez Garced y ahora asesora legal de Fortaleza, Inés Carrau, fiscal que ahora acaba de ser nombrada subsecretaria de Justicia, Olga Castellón, exjefa de fiscales con Vázquez Garced, y la fiscal Celia Ivonne Vega Pabón, hermana del licenciado Edgar Vega Pabón, abogado personal de la Gobernadora y su esposo, el juez Jorge Díaz Reverón, así como abogado de Rivera Schatz.

Los entrevistados, grupo en el que también están otros fiscales y el juez presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Gustavo A. Gelpí, “coincidieron en describir a la designada como una profesional de primer orden, sumamente inteligente, organizada y centrada en sus responsabilidades profesionales”.

Fuentes de NotiCel indicaron que la fiscal Vega Pabón fue la persona que, desde el Departamento de Justicia, dejó saber a Fortaleza de las intenciones de Longo Quiñones con el trámite de los referidos el viernes. En un comunicado de prensa, Burgos Vargas indicó que “mediante correos electrónicos se me notifica de unos informes que se habían firmado el viernes pasado y se había coordinado la entrega con la OPFEI” y que “se me indica que el agente estaba de camino a la OPFEI para la entrega”, pero no dice quién le hizo esas notificaciones. En su conferencia, la Gobernadora dijo que “Tanya García es la que trae la preocupación” de cómo Longo Quiñones estaba manejando las investigaciones de Salud. Tanya García Ibarra era la subsecretaria interina hasta la designación de Carrau.

Vea:

Documentos en poder de NotiCel revelan investigaciones activas contra la Gobernadora y allegados

Gobernadora asegura petición de renuncia a Longo Quiñones fue por intervenir en pesquisa en que estaba inhibida

Justicia entrega los referidos al PFEI, pero la evidencia la entregará en la semana

Para ver el informe del nombramiento de Dennise Longo Quiñones, pulse aquí.