La Cámara de Representantes y el Senado aprobaron dos medidas que extenderían la nueva norma jurídica a todos los casos donde hubo un veredicto plural, contrario a la opinión federal que lo limitó a casos activos.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced está en contra de aplicar el principio de la retroactividad a los veredictos de culpabilidad que no fueron unánimes, lo que significa que no favorece los proyectos de ley en discusión en la Cámara de Representantes y el Senado que entre sus propuestas incluyen esta disposición.

Ambos proyectos, uno de la autoría de la representante María Milagros Charbonier Laureano y otro del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, buscan enmendar las Reglas de Procedimiento Criminal para atemperarlos a una opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que exige unanimidad en el veredicto. Al interpretar la aplicabilidad de la nueva norma jurídica en la Isla, Tribunal Supremo local, consignó que los derechos de un acusado por delito grave en juicio por jurado incluyen que el veredicto en su contra tiene que ser unánime.

La opinión de los tribunales estuvo dirigida a casos pendientes y no fue concluyente en cuanto a los casos finales y firmes. Sin embargo, las medidas de la legislatura proponen que también sea aplicable de forma retroactiva a los casos ya resueltos. Ambas fueron aprobadas por sus respectivos cuerpos de origen. No obstante, supone prevalecer la que fue escrita por Rivera Schatz junto a varios abogados de defensa y esa aún no cuenta con el aval de la Cámara de Representantes.

“Hago un llamado [a los representantes] a que lo evalúen con mucho detenimiento. Obviamente, como defensora toda mi vida, por 33 años, de las víctimas del crimen en Puerto Rico, estoy en total desacuerdo con ese proyecto. No voy a abonar a la revictimización, al dolor, a la tristeza, a la desesperanza de las víctimas en Puerto Rico”, exclamó Vázquez Garced.

Con esa declaración, Vázquez Garced se hizo eco de la postura presentada por el Departamento de Justicia, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y la Asociación de Fiscales durante la única vista pública que ha celebrado la Cámara de Representantes sobre el proyecto de ley. Vázquez Garced dirigió ambas agencias como parte de su trayectoria en el servicio público y antes de eso, fue fiscal.

La OPM, por ejemplo, instó a la legislatura a evaluar el efecto en las víctimas, pues algunas temen por su seguridad ante la excarcelación de sus victimarios y otras quedarán sin la oportunidad de obtener justicia por el agravio padecido.

En esa línea, la Primera Ejecutiva subrayó que no hay necesidad de abordar la retroactividad de ninguna manera, pues el Tribunal Supremo federal no sentó las bases para hacerlo.

“Yo creo que el caso de Ramos v. Louisiana, tomó una determinación con relación a ese criterio que nosotros no tenemos que abordar de ninguna manera. Los acusados tuvieron su juicio justo, imparcial, con representación legal adecuada y se le garantizaron todos sus derechos”, añadió.

Durante la vista pública de la Cámara de Representantes se pusieron sobre la mesa versiones a favor y en contra de la retroactividad. Los grupos solo estuvieron de acuerdo en atemperar las leyes a la jurisprudencia federal actual, según dispuesto en la resolución del Tribunal Supremo, para que los casos activos y los futuros requieran los veredictos unánimes.

Hasta esa fecha, Justicia había contabilizado 133 casos a los que le sería aplicable la determinación del Tribunal Supremo, de los cuales 53 están bajo apelación directa.