“Al momento no tengo comentarios para compartir con la prensa. Cuando estemos listos, lo haremos”, respondió Jeniffer Ramírez Jourdan.
La medida tendría un impacto fiscal de $600,000 a ser atendido con un aumento en el costo de los sellos de vacunación.
“Una consulta interna entre funcionarios no es una autorización para comprometer fondos públicos. En este caso no se formalizó un contrato, no se presentó una petición de fondos y no se tramitó ningún desembolso. Un análisis preliminar no es una determinación ni un pago autorizado”, dijo.
La pesquisa estará a cargo de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor tras una evaluación del caso.
A dos semanas de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en medio del descontento con el presidente Donald Trump.
¡Me va a dar un patatús, en serio!, es fue mi reacción al leer en las primera planas la noticia…
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