A la tortuosa lucha que viven los padres y madres de niños con condiciones especiales para que el Departamento de Educación (DE) les brinde los servicios a los que por ley federal tienen derechos, se suma la lucha para que la entidad pública tambien compense justamente a los abogados que necesitan para poder lograr la otorgación de servicios.

Ese escenario también le ha tocado a María del Carmen Warren González, del Comité Timón de Familiares de Personas con Impedimentos, quien tuvo que recurrir al Tribunal Federal para que el DE cumpla con el pago de los honorarios de su abogado por una querella que se resolvió el 28 de abril luego de un año y seis meses de litigio.

La madre de una joven de 28 años con parálisis cerebral severa que prevaleció en una querella contra el Departamento de Educación en reclamo por servicios de educación especial adecuados, solicitó el pago de lo que podrían ser miles de dólares en honorarios de abogados.

Debido a su amplia experiencia en litigios, el abogado Francisco Vizcarrondo solicita se le paguen honorarios de $135 por hora tras alegar que son razonables para estos casos así como el pago de $50 por hora para una paralegal. El documento no dice cuántas horas fueron facturadas.

El primero de octubre del 2013, Warren González radicó una querella administrativa para obligar al Departamento de Educación proveer servicios a su hija que incluyeron educación individualizada y transición a vida independiente y otros servicios.

El Departamento, según la demanda, litigó el caso ‘ferozmente’ tras asignar dos abogados al caso y hasta doce empleados para ayudarlos, algo que hizo que el caso se extendiera por un año y seis meses.

A pesar de su edad, la hija de Warren González es estudiante en la escuela Arrayanes de Carolina y cualifica para obtener servicios de educación especial bajo el programa federal IDEA debido a los años en que la agencia falló en proveerle una educación gratuita y adecuada.

Luego de ciertos cambios administrativos en la agencia que incluyeron la salida de Doris Zapata como Secretaria Auxiliar de Educación Especial, la agencia decidió transar el caso para terminar la costosa litigación. Ambas partes firmaron un acuerdo para que la joven pudiera obtener servicios adecuados.