El director de la agencia, Joel A. Pizá Batiz, aseguró que a raíz de la pugna, Puerto Rico ha dejado de recibir cerca de $400,000 en cargos.

El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), Joel A. Pizá Batiz, informó que radicará, hoy lunes, en el Tribunal de San Juan una demanda en contra de la compañía de estiba Luis Ayala Colón Sucesores (LAC) y la unión ILA Local 1740 por daños y perjuicios.

Según Pizá Batiz, la acción legal está motivada por los cargos dejados de devengar debido al conflicto obrero patronal que mantiene paralizado los contenedores que están supuesto a llegar a la Isla.

El conflicto surgió luego que la compañía privada implementó un sistema de tecnología para entrar información de los contenedores en tiempo real en unos ordenadores portátiles que debía ser ejecutado por los operadores de montacargas.

Luego de una pugna inicial con la unión, la empresa asignó dicha tarea a los supervisores.

Pero los representantes de los empleados protestaron por entender que esa responsabilidad debía recaer en los coordinadores de la llegada de barcos, quienes eran los empleados que hacían este trabajo antes, pero de forma manual e instruyó a los operadores de montacargas a no hacer ese trabajo.

“En el muelle de LAC de Puerto Nuevo entra cerca del 23% del total de la carga en Puerto Rico, pero cerca del 80% de la carga internacional. Debido a los barcos internacionales que no pudieron atracar en la bahía de San Juan por el conflicto obrero patronal entre la ILA y la compañía de estiba Luis Ayala Colón, Puertos hasta el momento no ha podido recibir cerca de $400,000en cargos, y dicha cifra continuará en aumento en la medida que esta disputa no se resuelva”, destacó Pizá Batiz.

“Motivamos a las partes a dialogar este conflicto obrero patronal. A pesar de que el foro para dirimir controversias es el ‘National Labor Relations Board’, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ha mediado de manera diligente y sin descanso. Es el interés de la Autoridad de los Puertos en que las partes encuentren una solución y que la cadena de distribución en Puerto Rico no se afecte. En vista de que, a pesar de los esfuerzos del gobierno como mediador, las partes no han logrado un acuerdo, en comunicación con el gobernador Pedro R. Pierluisi, entendimos que esta es una de las acciones necesarias que debemos tomar, ante las pérdidas de ingresos que ha tenido la Autoridad”, concluyó Pizá Batiz.

El titular de Puertos detalló que la APPR le cobra a cada barco de carga que atraca en la Zona Portuaria de Puerto Nuevo por cargo de atraque, a base de una fórmula matemática en función del peso del navío (“Dockage Fee”); cargo por muelle (“Wharfage fee”); un “Surcharge” o sobretasa; otro cargo por escaneo de furgones por seguridad nacional; y cuotas portuarias o “Harbor Dues”. Todos estos cargos están regulados por el Reglamento 8879 de la APPR, enfatizó el director ejecutivo de la APPR.