La defensa de Sandra Torres López sometió moción que detalla que no estaba en Puerto Rico a la fecha en que un testigo la ubica aquí.

La exjefa del Negociado de Telecomunicaciones (NET), Sandra Torres López, planteó de cara a su juicio en agosto que presentará una defensa de coartada porque no estaba en Puerto Rico en una fecha en la que un testigo la coloca en su oficina de la agencia entregándole un documento.

El aviso está contenido en una moción sometida el 30 de junio pasado. Por disposición de las Reglas de Procedimiento Criminal, este tipo de defensa se tiene que presentar a los fiscales no más de 20 días después del acto de lectura de acusación. Ahora los fiscales, en este caso de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), tendrían que avisar también al tribunal y a la acusada cuáles son los testigos o la prueba con la que pretenden refutar la prueba de coartada.

El juicio contra Torres López está pautado para comenzar el 19 de agosto, pero se anticipa que el juez Aldo González Quesada podría posponer para una fecha posterior debido, en parte, precisamente a las mociones que se presenten antes de esa fecha.

El 10 de junio pasado, la jueza Alexandra Rivera Sáez encontró causa para juicio en todos los cargos que pesan en contra de Torres López por supuestamente usar su oficina pública, su cargo y su poder en la industria de telecomunicaciones para presionar a empleados y a entidades bajo el control regulatorio del Negociado para recaudarle fondos al comité de reelección del entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.

Los testigos principales en la vista preliminar fueron el expresidente de la Puerto Rico Telephone Company, Agustín García Acevedo, el exayudante de la acusada, Exel López Vélez, y la excontratista de la agencia, Katherine Erazo García. La prueba giró alrededor de una actividad de recaudación de fondos llevada a cabo en casa de un contratista público cliente de Erazo García el 7 de junio de 2018.

Según los fiscales Ramón Mendoza Rosario, Leticia Pabón Ortiz y Juan E. Catalá, para esa actividad la acusada tuvo el rol de ser la persona encargada de la misma para efectos del comité del exgobernador, Acevedo García fue el representante del comité en la mesa de recaudaciones, López Vélez siguió órdenes de la acusada para asistirla y Erazo García fue la persona que coordinó lugar, fecha, algunos de los asistentes y fue enlace del comité del exgobernador. Erazo García iba a ser acusada junto a Torres López pero llegó a un acuerdo de inmunidad que se tramitó justo antes de su arresto. La contratista es suegra de Elías Sánchez Sifonte, quien era director de la campaña.

En la moción radicada el 30 de junio para anunciar la coartada, la abogada de defensa, Carmen Quiñones Núñez plantea que localizó una declaración jurada que López Vélez prestó ante el Departamento de Justicia el 6 de diciembre de 2018 en la que indicó que su clienta le entregó, en su oficina del Negociado el 17 de mayo de 2018, la lista que tenía cantidades de taquillas asignadas a las compañías de telecomunicaciones para que el ayudante les diera seguimiento y recaudara el dinero.

Según la moción, Torres López no estaba en Puerto Rico a la fecha en que supuestamente le entregó la lista a López Vélez porque había salido para Ciudad México el 14 de mayo en la mañana y regresó el 17 de mayo a las 8:52 pm yendo directamente del aeropuerto a su casa. El viaje fue de trabajo por motivo de la celebración de la 5ta. Edición del Congreso Latino Americano de Conectividad y Comunicación Satelital (LATSAT).

El documento no indica si en su declaración jurada, López Vélez precisó una hora o tiempo del día en que había ocurrido la entrega de la lista. Pero en su testimonio en la vista preliminar, López Vélez indicó que la entrega de la lista fue en “horas de la tarde, me parece” y que había sido “en horario de trabajo”. A otra pregunta dijo también que Erazo García no estaba en la oficina cuando Torres López le entregó la lista.

López Vélez también tiene un acuerdo de inmunidad con la OPFEI por su participación en este caso.

Torres López enfrenta juicio por dos violaciones a la Ley de Ética y otra del Código Penal relacionados al aprovechamiento de su cargo para sí y para un tercero, específicamente Rosselló Nevares.

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