Jueza presidenta pide un veto al proyecto de reforma judicial, por encima de “diferencias políticas”

La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, pidió a la gobernadora que vete el Proyecto del Senado 1096, del presidente de ese cuerpo, Thomas Rivera Schatz, porque el mismo “pone en riesgo la estabilidad institucional del Poder Judicial”.

La medida había sido aprobada en el Senado después de vistas públicas en las que la mayoría de los ponentes expresaron objeciones. El jueves, la Cámara de Representantes lo aprobó con enmiendas y el Senado concurrió de inmediato con las mismas para dejar la medida lista para ser remitida a La Fortaleza. La gobernadora puede aprobarla o vetarla.

De convertirse en ley, se reorganizaría la estructura de administración de los tribunales sin que ese poder constitucional lo pidiera o lo apoyara. Entre otras disposiciones, se le quita a la posición de juez presidente el poder de administración de los tribunales para pasarlo al pleno del Tribunal Supremo, convirtiendo ese poder gubernamental en el único que se administra por comité. El poder de administración del Ejecutivo recae sobre una persona (el gobernador), el del Legislativo sobre dos (pero cada presidente es la autoridad en su cámara) y en el Judicial serían nueve personas.

También, elimina la categoría de jueces municipales y crea la figura del Patronato del Poder Judicial, una entidad mediante la cual esa rama gubernamental puede allegar recursos de parte de ciudadanos y entidades privadas.

“No podemos llamar modernización a una reforma que debilita la capacidad de dirección de una rama constitucional, ni rendición de cuentas a un modelo que separa la autoridad de la responsabilidad”, sostuvo Oronoz Rodríguez en expresiones escritas tras la aprobación de la medida.

“Quiero reiterar que esta controversia no se trata de mi persona ni de las facultades de quien hoy ocupa la presidencia del Tribunal Supremo. Se trata de preservar una estructura constitucional que debe trascender a quienes ocupamos cargos públicos y a las mayorías legislativas de turno”, añadió.

Al pedirle a la gobernadora que vete el proyecto, la jueza presidenta recalcó que “esta decisión trasciende cualquier diferencia política, cualquier administración y cualquier presidencia. Lo que está en juego no es quién ejerce el poder hoy, sino el respeto a las instituciones que deben servirle al país mañana”.

Si se quería hacer lo que se hizo, añadió, lo propio hubiera sido un referéndum para cambiar la constitución, la cual indica que el Poder Judicial lo administra un juez presidente. Como está la situación con el proyecto, sin embargo, es que la jueza presidenta mantiene la respondabilidad constitucional de administrar, pero el poder de tomar decisiones se le pasa al pleno del Supremo. En marzo pasado, cinco de los jueces del Supremo dijeron en una opinión que no querían que el Poder Judicial se administrara “como una monarquía”.

En ambos cuerpos, la votación fue por mayoría del Partido Nuevo Progresista, con las minorías en contra. Siete de los nueve integrantes actuales del pleno del Supremo fueron nombrados por gobernadores de ese partido, incluyendo dos por la actual gobernadora, Jenniffer González Colón. Si completa su término hasta el límite constitucional de 70 años, a la jueza presidenta Oronoz Rodríguez, designada por el Partido Popular Democrático, le quedan 20 años al frente del Poder Judicial.

También durante la sesión del jueves, el Senado aprobó tres nuevos requerimientos de información al Departamento de la Familia sobre un viaje de la secretaria, Suzanne Roig Fuertes, y otros empleados de la agencia a España en septiembre de 2025 para visitar la Fundación SAMU, a la que luego la agencia le extendió un contrato por $355,646.50; sobre otro viaje a San Diego en julio de 2026 para la “California USA Aging Answers on Aging Annual Conference”; y documentación sobre LAP Consulting Group, el contratista que tuvo a su cargo la evaluación de propuestas para un contrato de $38.7 millones que se le adjudicó a la entidad NOLA Academy, aunque luego no se ejecutó, y que fue el eje de la destitución de Blanca Medina Díaz, exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).

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