La postura de New Fortress Energy (NFE) de que no van a entregar más gas a la isla hasta que se le asegure por escrito que sus facturas van a ser pagadas ocurre a la vez que el Negociado de Energía (NE) y la Oficina de Compras de Terceros Independiente (3PPO en inglés) de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) iniciaron auditorías sobre esos pagos que Genera PR le ha hecho a NFE, que es su matriz.

La gasífera impuso esa condición, y también que no se le hicieran descuentos a sus pagos, durante el fin de semana pasado. Esto fue justo después de que una orden judicial federal resolviera las disputas que tuvieron por dos semanas la empresa y los prácticos de la bahía de San Juan sobre el tránsito seguro del tanquero AMUR Rivera, que se ha mantenido sin despachar su carga de combustible desde mediados de septiembre.

La falta de gas ha provocado que ciertas unidades de Palo Seco y San Juan tengan que funcionar con diésel como combustible alterno, lo que ha provocado un aumento en costos de al menos $1.6 millones diarios. Los abonados están expuestos a tener que asumir estos aumentos en la factura a partir de enero.

La postura de NFE tiene el resultado práctico de que no entregan el gas bajo su contrato, ni tampoco abren su muelle para que otro suplidor entregue gas, razón por la cual están demandados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y para lo que habrá una vista en el tribunal federal la semana que viene.

En una vista cameral el martes la empresa se defendió argumentando que lo que se estaba pretendiendo es que entregaran gas “sin pago”. Pero un representate de Genera PR, que es subsidiaria de NFE y es el operador privado de las plantas de la AEE, le había dicho bajo juramento al negociado que todas las facturas por compra de combustible se pagaban completas, aunque hubiera alguna disputa con el suplidor. Esto incluye a NFE.

“Todas estas facturas de todos nuestros suplidores de combustibles se tienen que pagar a una fecha específica, haya o no haya disputa por la factura”, le dijo el principal oficial de cumplimiento de Genera, Christian J. Torres, al presidente del negociado, Edison Avilés Deliz, durante una vista el 28 de septiembre pasado para discutir la revisión de la tarifa que entró en vigor el 1 de octubre y que representa la más alta en la historia de la isla. Genera planteó en la vista que se hace el pago completo porque la porción en disputa se convierte en un crédito sin adjudicar, lo que provocó sorpresa en el presidente del ente regulatorio.

En esa misma vista, un representante de 3PPO, entidad que tiene encargada la supervisión del contrato de suplido de gas de NFE por los potenciales conflictos de interés que se pueden desarrollar entre esta y Genera, confirmó al negociado que no habían realizado auditorías de esos facturas y que no tenían el personal para estar insertados dentro de Genera o para atestiguar las entregas de combustible, por lo que su supervisión de esos pagos depende de la información que le provee Genera.

Esto provocó que, en su orden de ajuste de la tarifa, el NE instruyera a que se difiriera un pago de $17.6 millones por gas entregado, pero no usado, y anunció que inicaría una investigación. Desglosaron que, desde enero de 2025 se han acumulado $74.5 millones en pagos por gas ordenado, pero no usado. Al advertir que el que ordena el gas es Genera y que la que recibe los pagos por el combustible no usado es su matriz, NFE, el negociado apuntó que estas órdenes de combustible pueden estar operando “como una transferencia automática de costos sin el correspondiente escrutinio obligatorio”.

Tras esta orden es que NFE anunció su postura de no entregar más gas hasta tener una afirmación por escrito de que sus facturas se pagarán completas, sin descuentos. La 3PPO, en representación de la AEE, planteó esto al tribunal como una maniobra de la gasífera para anular las disposiciones contractuales que dicen cómo se van a atender diferencias de pago entre el gobierno y el suplidor. Ninguna disposición contractual, enfatizaron, le permite a NFE dejar de entregar el gas contratado.

En una resolución el miércoles en la noche, el NE consignó que 3PPO había comenzado también una auditoría, por lo que hay dos indagaciones paralelas, la de esa oficina y la del negociado.

“En el presente caso, los asuntos bajo investigación comprenden cantidades millonarias relacionadas con costos de combustible que han sido, o podrían pretender ser, trasladadas a los consumidores. Ante tales circunstancias, el Negociado de Energía tiene la responsabilidad de determinar, entre otras cosas, si dichos costos fueron debidamente incurridos; si las cantidades facturadas y pagadas son correctas; si se aplicaron adecuadamente las disposiciones de los contratos correspondientes; y, en última instancia, si procede que tales cantidades sean recuperadas de los consumidores. La auditoría ordenada mediante la Resolución de 30 de septiembre constituye precisamente un ejercicio de esas facultades y responsabilidades estatutarias”, dijo el negociado en su resolución de anoche al requerirle información sobre estas transacciones a la AEE y a Genera.

Vea: Guardia Costera notifica al gobierno federal sobre faltas de New Fortress Energy