Se parte de la premisa en la medida que organizaciones que atienden esta población no necesariamente tienen los recursos económicos suficientes para hacer la labor.

La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley un proyecto de administración que permitiría la edificación y administración de instalaciones exclusivas para mujeres víctimas de violencia doméstica a través del mecanismo de alianzas público-privadas.

La pieza legislativa es una medida de administración y crea la Ley 143-2026, que enmienda la Ley de Alianzas Público-Privadas (Ley 29-2009).

“(La ley) Busca facilitar el desarrollo de infraestructura especializada que fortalezca la red de protección y servicios dirigidos a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, promoviendo la colaboración entre el Gobierno y entidades con la capacidad de desarrollar este tipo de proyectos”, lee el comunicado de La Fortaleza.

«Con la firma de esta ley damos un paso importante para fortalecer la respuesta del Gobierno a una de las problemáticas sociales más apremiantes que enfrenta Puerto Rico. Esta legislación crea nuevas herramientas para ampliar la capacidad de albergue y garantizar que más mujeres víctimas de violencia doméstica tengan acceso a espacios seguros, dignos y con los servicios que necesitan para reconstruir sus vidas», expresó la gobernadora Jenniffer González Colón.

En la Exposición de Motivos del proyecto se indica que varias entidades sin fines de lucro que se dedican a concederles albergue a mujeres no cuentan con los mecanismos administrativos ni el capital para poder subsistir económicamente y poder continuar ofreciendo la gama de servicios que les ofrece a estas víctimas.