El grupo de 25 cooperativas que negocia con el gobierno la reestructuración de la deuda pública rechazó categóricamente la aprobación del proyecto de ley ante el Congreso de Estados Unidos que impondría una Junta de Control Fiscal sobre Puerto Rico por considerar que violenta los principios del auto gobierno.

G25, compuesto por cooperativas de ahorro y crédito con presencia en 55 de los 78 municipios de la Isla, hizo un análisis histórico de las juntas de control fiscal que se han establecido en Estados Unidos, advirtiendo que desde 1975, 119 juntas han atendido los problemas fiscales de varias jurisdicciones. ‘Estas instancias incluyen desde distritos escolares hasta ciudades importantes, como fue el caso de Nueva York. Salvo el caso de Washington DC, todas estas juntas han sido establecidas por los propios estados para enfrentar sus problemas fiscales’, señalaron.

Las juntas sobrevienen por las dificultades de administraciones para dirimir la brecha entre el gasto de proveer servicios públicos y la merma en ingresos debido a la desaceleración económica. ‘Paralelo a estos casos de dificultades fiscales encontramos 297 casos de quiebras municipales radicados bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebras federal entre 1980 y 2016’, detallaron.

‘Como vemos, los problemas fiscales de Puerto Rico no son un caso aislado y muchas jurisdicciones en los Estados Unidos han padecido dificultades similares’, destacó el G25, cuyas cooperativas constituyen el 56 por ciento del total del 1.2 millones de socios y depositantes de esas instituciones.

‘Además, si el peso de pagar y resolver la crisis actual recaerá sobre los contribuyentes puertorriqueños, hemos de ser nosotros quienes tomemos las decisiones y determinaciones finales sobre cómo resolver estos problemas. No debemos renunciar libremente a nuestro orden constitucional y aceptar su reemplazo por un cuerpo ajeno a las necesidades y prioridades de nuestro pueblo’, sostuvo la representación del movimiento cooperativo.

‘La falta de pesos y contrapesos, la concesión de inmunidad a siete miembros de la Junta propuesta y las restricciones a los procesos de revisión judicial crean una indebida y excesiva acumulación de poder sobre la vida, seguridad y bienestar de 3.5 millones de ciudadanos que carecemos de poder para supervisar su nombramiento, ejecutorias y remoción. Reiteramos nuestras recomendaciones sometidas al Congreso el 25 de febrero de 2016, para la creación de un ente independiente consistente con nuestro ordenamiento constitucional’, agregó el grupo en uncomunicado.

El Grupo concluyó que ‘esta Ley no atiende los asuntos fundamentales de desarrollo económico que subyace el problema fiscal que nos ocupa. Tampoco corrige la disparidad en fondos de programas federales de salud, a pesar del pago de contribuciones federales sobre nómina que hacemos los puertorriqueños. La designación de ‘PROMESA’ debe descartarse’.