Félix Plaud: Del activismo a un final violento

Inversiones fallidas, contratos públicos, demandas y activismo político describen a la víctima

Cuando las balas vengativas del fiador William Noel Rivera Sánchez lo encontraron el jueves en la noche en un pastizal de Guayama, el activista político Félix Rafael Plaud de Choudens acumulaba al menos 16 pleitos en los últimos cinco años en los que se alegaba que había estafado a alguien o que no había respondido por deudas de distinto tipo.

Varias de las acciones legales que NotiCel examinó se resolvieron en su contra, incluso, mediante el mecanismo de rebeldía porque no compareció al pleito o compareció y se desapareció. Dos focos de las reclamaciones fueron sus negocios de cannabis medicinal y una ferretería que tenía en Arroyo.

El registro del Departamento de Estado muestra al hombre de 45 años involucrado en unas 24 corporaciones, mientras que su madre, Estrella de Choudens Colón, quien también está como demandada en algunos de los pleitos, aparece en unas nueve.

Al menos dos de esas compañías acumularon contratos gubernamentales millonarios entre 2010 y 2013, según el registro de la Oficina del Contralor. Strong Institute of Education, Inc. consiguió acuerdos por $4.6 millones con el Departamento de Educación y el municipio de Peñuelas, mientras que Strong Communications & Advertising Corp. sumó $254,030 con Peñuelas, la Cámara de Representantes y la Autoridad de Energía Eléctrica.

Ese período de empresario con fondos públicos vino después de que dedicara sus años de juventud al activismo proestadidad dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP). Desde fines de la administración de Pedro Rosselló González y durante las de Sila María Calderón Serra y Luis Fortuño Burset, el hombre protagonizó varias protestas, que frecuentemente terminaban en violencia, en lugares como la Lomita de los Vientos frente al Capitolio, Vieques y la Universidad de Puerto Rico.

Llegó a ofrecer conferencias de prensa mostrando los moretones por golpes recibidos en esos eventos. Durante ese período, lanzó grupos como la Juventud Puertorriqueña Estudiantil Estadista, Universitarios con Fortuño, Juventud Progresista con Fortuño, Academia Estadista y Comité Pro Defensa y Respeto de la Policía de Puerto Rico. También, se asoció con el capítulo local del Partido Republicano.

Más recientemente, su forma de obtener contratos con el gobierno y de realizar activismo político se tornaron más sigilosas. Durante el juicio federal contra el convicto productor Sixto Jorge Díaz Colón, se presentó evidencia de que Plaud participó de un esquema en el que gestionó contratos públicos que aparecían a nombre de otras personas o compañías. Ocurrió en al menos dos contratos en el Departamento de Hacienda cuando lo dirigía Raúl Maldonado Gautier.

En ese mismo proceso, el propio Plaud de Choudens le admitió a agentes federales que, junto a Díaz Colón y al comentarista político Adolfo Rodríguez, conformaron un grupo que cobró unos $180,000 del PNP para desarrollar una campaña a favor del exgobernador Ricardo Rosselló Nevarez cuando este enfrentó el escándalo del chat de Telegram que le obligó a renunciar en 2019. El productor conseguiría personalidades que hablarían a favor de Rosselló Nevarez (mediando pago), mientras que Plaud desarrollaría mensajes en redes sociales como #rickynotequites.

Los récords judiciales revelan algunos aspectos de lo que hizo Plaud de Choudens después de ese episodio de 2019. Las 16 reclamaciones no son una lista definitiva, solo las que están disponibles en el sistema electrónico del Poder Judicial desde 2018.

Plaud de Choudens tuvo deudas por el arrendamiento del local donde ubicaba su negocio Ferretería Ambico (Arroyo), la cual luego vendió; deudas por materiales de construcción suplidos a esa ferretería; un orden de comparecencia so pena de desacato ante la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan por un caso de construcción ilegal; deudas por servicios de agua y luz en apartamentos que tenía alquilados; orden de embargo y venta de propiedad por deuda de alquiler en un penthouse del Arroyo Beach Resort; deuda por alquiler y por daños a enseres eléctricos, mobiliario, equipo sanitario, bañera, aire acondicionado y camas en otro apartamento alquilado; sentencia en rebeldía debido a deudas de equipos médicos vendidos a su empresa, EYJ Group, LLC; orden de embargo por deuda con la Asociaciín de Residentes de la urbanización Sagrado Corazón; deuda por servicios de seguridad prestados a dispensarios de cannabis medicinal bajo su empresa, Cannarriqueña Corporation; y, tan reciente como el 8 de septiembre pasado, una reclamación de parte de un perito electricista que se está representando por derecho propio para que le paguen trabajos por $4,400 hechos en dos de sus propiedades.

Hay otras dos reclamaciones por estafa en la que los demandantes aseguran haber sufrido consecuencias económicas y emocionales por el dinero o las oportunidades que perdieron al creer las promesas de Plaud de Choudens.

José Antonio Rivera Ortiz es un hombre que atraviesa un proceso de quiebra. En junio de 2025, Plaud de Choudens le dijo que estaba interesado en comprarle una propiedad por $260,000 a través de la empresa Victory Investment Group, que maneja con su mamá. La venta de la propiedad ayudaría al hombre a atender a sus acreedores en la quiebra, pero aún más le ayudaría lo segundo que le dijo Plaud de Choudens, que su empresa planificaba adquirir 50 propiedades y que $3,000 mensuales por representarlo en esas transacciones y $500 por cada cierre de compraventa. Rivera Ortiz sacó su propiedad del mercado para vendérsela a Plaud de Choudens y planificó manejar su quiebra con los ingresos como representante en las transacciones. Pero ninguna de las dos cosas ocurrió, por lo que demandó.

El otro caso de estafa es el que Rivera Sánchez decidió resolver asesinando a Plaud de Choudens el jueves en la noche y al abogado Luis Antonio Quiñones González, el viernes en la mañana.

Según documentos judiciales y una confesión en video que el fiador publicó en redes sociales, el hombre hizo una primera reclamación judicial contra Plaud de Choudens en febrero de 2025 por $100,000 que le dio a manera de inversión para un dispensario de cannabis medicinal que nunca abrió. Primero le dijeron que el establecimiento sería en Arroyo, luego en Guayama y finalmente en Toa Baja. Ese caso terminó cuando las partes acordaron un plan para repagarle la inversión al hombre de 45 años, pero solo hubo un pago inicial de $10,000 y más nada.

Rivera Sánchez entonces somete una segunda demanda, en junio de 2026, incluyendo también a Quiñones González, por unos $66,000 de inversión que les había dado para otro dispensario, esta vez en Cupey. Le representaron que era un negocio que estaba corriendo ya, pero crearon la corporación Cupey Wellness el mismo día que el fiador les dio el primer pago de la inversión.

La red de dispensarios se supliría con cannabis cultivado y procesado en una planta en Moca. Pero eso fue objeto de otro pleito, en el que no estaba involucrado el fiador, pero que imputaba que una empresa de Quiñones González había alquilado la planta procesadora, pero entonces había incumplido con varios de los requisitos e inversiones necesarias para mantener la licencia. El dueño de la planta reclamó $10 millones en daños, que el tribunal redujo a $1 millón en una sentencia que emitió en enero de 2025 contra el abogado y su esposa. Quiñones González fue objeto de otra demanda por parte de inversionistas estafados, pero esa fue desestimada por falta de emplazamiento de parte de los demandantes.

En el caso de Rivera Sánchez, este sostuvo que vendió tres vehículos de motor, hizo un préstamo, vendió un terreno y cargó $14,000 a su tarjeta de crédito para hacer su inversión en la red de dispensarios. Su abogada, Yadira Adorno Delgado, dijo que el fiador conocía a Plaud de Choudens desde la infancia y que éste le había representado tener influencias para manejar los permisos del gobierno y del Departamento de Estado. La madre del activista aparece con un donativo de $3,100 a la gobernadora, Jenniffer González Colón. Apenas el mismo jueves se había sometido al tribunal una moción para permitir el emplazamiento por edictos de De Choudens Colón, ya que un emplazador no había podido localizarla.

La Policía localizó el cuerpo de Plaud de Choudens en un pastizal al final de la avenida Laporte, en el barrio Borinquen de Guayama, detrás de unos talleres de mecánica y cerca de una gasolinera Total. El ataque contra el abogado fue en la avenida Las Américas, de Ponce, después de que salió del tribunal y en presencia de su esposa. Rivera Sánchez entonces llegó a su apartamento en Santa Isabel y se suicidó, tras publicar un segundo video confesional.

“El desespero. Me quedé en cero. Me quedé en nada. Los ahorros de toda mi vida los puse en las manos de estas personas… toca ahora a la mala porque traté a la buena… yo quiero que antes de juzgarme, de crucificarme, yo quiero que busquen información de estos dos personajes, para que vean que fueron muchas las víctimas”, dijo en el video que hizo el jueves a las 9:30 pm tras matar a Plaud de Choudens.

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