Coccoloba reclama $2.5 millones por alegada evaluación de una propuesta que dice nunca presentó

La reclamación plantea causas de acción por culpa o negligencia, libelo, calumnia y violación del derecho a la honra y la reputación. También solicita una sentencia declaratoria y una orden para corregir el expediente administrativo y divulgar una rectificación.

El escrito señala a la secretaria de la Familia, LAP Consulting Group y otros codemandados, y solicita corregir el expediente del proceso financiado con fondos TANF y publicar una rectificación.

Coccoloba AgroEnvironmental LLC y su presidente, el agrónomo Christian W. Torres Santana, están reclamando una compensación no menor de $2.5 millones en una demanda en el que alegan que el Departamento de la Familia y sus evaluadores trataron como una propuesta un correo electrónico enviado para declinar una invitación a competir por un contrato financiado con fondos federales.

La empresa, con sede en Camuy, sostiene que esa comunicación fue evaluada, puntuada y posteriormente divulgada como si correspondiera a una licitadora que presentó una propuesta deficiente. Según los demandantes, su inclusión en el proceso y las expresiones públicas de la secretaria Suzanne Roig Fuertes perjudicaron su reputación y los vincularon involuntariamente con la controversia sobre el uso de fondos del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas, conocido como TANF.

Los codemandados son Roig Fuertes, LAP Consulting Group, su presidente Luis A. Pedraza González y los integrantes del comité evaluador Ramón Rodríguez Montalbán y Misael E. Pérez Marrero, además del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aseguradoras y otras personas cuyas identidades no se precisan.

La reclamación plantea causas de acción por culpa o negligencia, libelo, calumnia y violación del derecho constitucional a la honra y la reputación. También solicita una sentencia declaratoria y una orden judicial permanente para corregir el expediente administrativo y divulgar una rectificación.

Según el escrito, el proceso comenzó el 30 de diciembre de 2025, cuando Roig Fuertes envió a Coccoloba una invitación para presentar una propuesta de servicios profesionales. El proyecto buscaba establecer un programa para estudiantes con rezago académico de séptimo a noveno grado, que se implantaría simultáneamente en al menos 20 escuelas a través del Departamento de Educación.

La convocatoria exigía, entre otros documentos, una descripción de la empresa, experiencia pertinente, credenciales, evidencia de capacidad financiera y de recursos humanos y un desglose detallado de costos. Las propuestas debían enviarse a un buzón específico antes de las 5:00 p.m. del 9 de enero de 2026.

Los demandantes alegan que Torres Santana respondió el 8 de enero únicamente al correo de la secretaria, para agradecer la invitación y explicar que los componentes del proyecto no estaban completamente alineados con la operación de Coccoloba y que el calendario no permitía preparar una propuesta con la profundidad requerida.

“No estaremos sometiendo una propuesta como proponentes principales en esta ocasión”, lee la comunicación citada en el escrito.

Como parte de esa respuesta, Torres Santana adjuntó un perfil corporativo y un folleto de servicios. Según la reclamación, lo hizo como gesto de cortesía y con miras a posibles colaboraciones futuras, no para participar en la convocatoria.

La empresa sostiene que no envió la comunicación al buzón designado para propuestas ni autorizó que fuera considerada como tal.

El escrito señala que, a las 10:12 a.m. del 9 de enero, personal de la Oficina de la Secretaria reenvió el correo y sus anejos al buzón oficial del proceso.

Coccoloba alega que ningún funcionario se comunicó con la empresa para aclarar si deseaba participar, consultar el alcance de su respuesta o advertirle que sería evaluada.

Los demandantes sostienen que conocieron ese reenvío en octubre, cuando recibieron documentación del Departamento de la Familia en respuesta a un requerimiento de su representación legal.

Según su versión, el expediente entregado demuestra que la comunicación original era una declinación dirigida exclusivamente a Roig Fuertes y que su llegada al buzón de propuestas obedeció a una gestión interna de la agencia.

La reclamación alega que LAP Consulting Group, contratista del Departamento de la Familia, evaluó el correo y los documentos adjuntos mediante un comité integrado por Pedraza González, Rodríguez Montalbán y Pérez Marrero.

De acuerdo con el escrito, el informe técnico del 16 de enero afirmó que tres organizaciones habían sometido propuestas e incluyó a Coccoloba entre ellas, con una puntuación final de 24.7 sobre 100.

Los demandantes señalan que el informe describió a la empresa como una proponente que no presentó presupuesto, justificaciones de costos, evidencia financiera verificable ni documentación administrativa requerida.

Coccoloba sostiene que esas observaciones partieron de una premisa incorrecta: que había sometido una propuesta cuando, según insiste, había rechazado participar.

El documento atribuye al informe puntuaciones de 95.7 para NOLA Education LLC y de 55.3 para Litoral Vivo Corp. Según el escrito, el proyecto tenía un costo estimado de hasta $38.5 millones, fue adjudicado a NOLA Education el 20 de enero y esa adjudicación se canceló el 19 de mayo de 2026.

Los demandantes indican que Familia envió a Coccoloba una carta suscrita por Roig Fuertes en la que le informó que su propuesta no había sido seleccionada para la adjudicación del contrato.

Posteriormente, la empresa recibió un aviso de cancelación dirigido a los licitadores o proponentes que habían presentado propuestas.

Según el escrito, los demandantes conocieron el daño reputacional cuando el nombre de la empresa comenzó a divulgarse públicamente como participante del proceso, en medio de la controversia sobre el manejo de fondos TANF a finales de septiembre y durante octubre de 2026.

La reclamación alude a una vista pública del Senado del 7 de octubre, cuando Roig Fuertes identificó a Coccoloba como una de las tres compañías que respondieron al proceso.

Según el escrito, Roig Fuertes declaró a la prensa el 7 de octubre que la empresa había sometido información que el Departamento entendió que debía pasar por el proceso de evaluación. Al día siguiente, en un comunicado, afirmó que no había sostenido que Coccoloba presentara una propuesta formal, aunque reiteró que la empresa remitió una comunicación acompañada de documentos sobre sus programas y servicios.

Reclaman daños comerciales, personales y económicos

Coccoloba y Torres Santana alegan que ser involucrados en proceso legislativos, estatales y federales afectaron la confianza de clientes, colaboradores y agencias dentro y fuera de Puerto Rico. Todos estos alegados daños tienen que ser probados en el tribunal.

El escrito sostiene que Torres Santana tuvo que reunirse con clientes fuera de la isla para explicar la controversia y que la empresa enfrenta riesgos sobre oportunidades comerciales y contratos en trámite. También reclama angustias mentales, ansiedad, humillación y daños a la reputación personal y profesional, además de gastos legales previos al pleito, manejo de comunicaciones, viajes y recursos dedicados a aclarar lo ocurrido.

La compensación solicitada es:

• No menos de $1 millón por daños a la reputación comercial, credibilidad y buen nombre de Coccoloba.
• No menos de $500,000 por pérdida de ingresos y oportunidades de negocio presentes y futuras.
• No menos de $850,000 por angustias mentales y daños a la reputación personal y profesional de Torres Santana.
• No menos de $150,000 por daños económicos especiales.

Además del dinero, los demandantes solicitan que el tribunal declare que Coccoloba no presentó cotización ni propuesta, no respondió al buzón designado y no participó como proponente.